La Cancillería de Colombia pidió el 5 de septiembre de 2026 a Rusia y Ucrania que dejen de vincular ciudadanos colombianos a sus fuerzas armadas y que faciliten el regreso de quienes ya están incorporados. La solicitud, contenida en un comunicado oficial, combina asistencia consular, denuncias por ofertas laborales engañosas y medidas preventivas frente a la participación de connacionales en la guerra.
Según la cartera liderada por Omar Bula, hasta septiembre de 2026 se registran 863 solicitudes de asistencia consular relacionadas con colombianos en Ucrania y 890 en la Federación de Rusia. El comunicado incluye además una cifra adicional: más de 1.500 solicitudes de asistencia consular relacionadas con connacionales envueltos en el conflicto bélico.
Esas solicitudes abarcan casos muy distintos entre sí: ciudadanos fallecidos cuyos restos fueron repatriados o sepultados en el exterior por decisión de sus familias, procesos de repatriación en curso, connacionales declarados desaparecidos en combate por autoridades competentes, personas reportadas como desaparecidas por sus allegados sin confirmación oficial, y ciudadanos detenidos, tanto en expedientes confirmados como en reportes familiares.
El Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo que Colombia «no apoya, incentiva ni autoriza» la participación de sus ciudadanos en conflictos armados internacionales, y señaló que su respuesta incluye acciones diplomáticas, consulares y preventivas para quienes estén en situación de vulnerabilidad o vean comprometida su integridad, seguridad o el ejercicio de sus derechos fundamentales.
Uno de los puntos más concretos del pronunciamiento es la referencia a redes de captación. La Cancillería dijo haber identificado denuncias y testimonios sobre personas naturales y jurídicas que presuntamente difunden ofertas laborales engañosas y facilitan el traslado de colombianos hacia territorios involucrados en el conflicto. A partir de esa información, el ministerio remitió 21 oficios a la Fiscalía General de la Nación y a su Dirección de Asuntos Internacionales para contribuir a las investigaciones correspondientes.
En el frente preventivo, la Cancillería informó que construyó un protocolo de atención en las sedes de expedición de pasaportes para identificar a usuarios que manifiesten intención de viajar al exterior con el propósito de prestar servicio militar en conflictos internacionales. Ese procedimiento fue socializado con las coordinaciones de pasaportes en Bogotá, las gobernaciones departamentales y Migración Colombia.
El ministerio también diseñó una campaña para advertir sobre los riesgos de viajar al exterior a suscribir contratos de prestación de servicios militares y sobre las consecuencias de participar en escenarios de guerra. La estrategia incluye capacitación al Centro Operativo Anti-Trata del Ministerio del Interior y a comités territoriales sobre el fenómeno y las solicitudes de asistencia consular registradas.
La Cancillería cerró el pronunciamiento con un llamado directo a los colombianos para que no se involucren en conflictos armados internacionales y evalúen con cuidado los riesgos de aceptar ofertas de servicios militares en el exterior.
El episodio expone un vacío que el Estado colombiano reconoce tarde: mientras redes privadas —según las denuncias recogidas por la propia Cancillería— captan a ciudadanos con promesas laborales engañosas, la respuesta institucional llega en forma de protocolos, oficios y campañas, no de control efectivo sobre esas ofertas antes de que operen. Conviene mirar los incentivos: cuando el mercado laboral formal no absorbe a quienes buscan ingresos, la oferta de dinero fácil en zonas de guerra encuentra terreno fértil, y el aparato estatal reacciona con instrumentos administrativos que difícilmente alcanzan a quienes ya cruzaron la frontera.
El dato importa más que el ruido diplomático: 21 oficios a la Fiscalía son un inicio de rendición de cuentas sobre presuntas redes de trata y reclutamiento, pero la magnitud de las solicitudes consulares —por encima de 1.500 según la propia cartera— sugiere que la prevención llegó después del daño, no antes. La historia sugiere cautela ante gobiernos que anuncian protocolos cuando el problema ya tiene cifras de muertos y desaparecidos.
