El gobierno saliente de Colombia emitió este miércoles una alerta formal sobre amenazas de posibles «actos de terrorismo» durante la ceremonia de transmisión de mando del presidente electo Abelardo de la Espriella, programada para este viernes en Cali.
El ministro de Defensa saliente, Pedro Sánchez, confirmó en declaraciones radiales la existencia de un riesgo latente. Según Sánchez, organizaciones criminales que operan en la región pretenderían interferir en el evento democrático mediante acciones violentas, dada la cercanía de Cali a zonas de influencia guerrillera.
En respuesta, la fuerza pública activó un dispositivo especial que incluye el despliegue de 11.000 efectivos militares y policiales en Cali y municipios aledaños. Las autoridades también decretaron la prohibición de sobrevuelo de drones, dispositivo que grupos irregulares han empleado para el lanzamiento de artefactos explosivos.
La elección de Cali como sede respondió a una solicitud del propio De la Espriella al Congreso para trasladar el acto desde Bogotá. El mandatario electo de 48 años había contemplado inicialmente realizar la ceremonia en el departamento del Cauca —área de operaciones de la disidencia de las FARC liderada por alias Iván Mordisco—, pero modificó la localización argumentando factores climáticos.
El esquema de seguridad custodia el arribo de delegaciones internacionales de alto perfil. Entre los confirmados figuran el rey Felipe VI de España y los presidentes de Argentina, Paraguay, Chile y Ecuador, dentro de un grupo que según las fuentes asciende a una decena de jefes de Estado.
De la Espriella ganó las elecciones de junio bajo una plataforma de combate frontal al narcotráfico con apoyo militar de Estados Unidos, y ha prometido aplicar una política de «mano de hierro» contra guerrillas y bandas criminales en el territorio colombiano.
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Conviene mirar los incentivos. Que grupos armados ilegales consideren siquiera interferir en una transmisión de mando democrática revela con precisión el problema estructural que De la Espriella hereda: el Estado colombiano compite por el monopolio de la fuerza en su propio territorio. La presencia de una decena de jefes de Estado y del rey de España no es solo protocolo diplomático; es una señal de que la comunidad internacional apuesta por el nuevo gobierno como vector de estabilización.
El dato importa más que el ruido. La amenaza no cancela la ceremonia ni disuade a los visitantes; el dispositivo de 11.000 uniformados es, en sí mismo, una declaración de intenciones sobre cómo el nuevo gobierno planea gobernar. La historia sugiere cautela ante promesas de «mano de hierro», pero también sugiere que la ausencia de esa mano ha sido, en Colombia, el costo más alto para los ciudadanos comunes.
