El Gobierno de Gustavo Petro decidió aplazar la implementación de siete nuevos reglamentos técnicos para automóviles y motocicletas que debían entrar en vigor el próximo 28 de agosto. La medida, adoptada por el Ministerio de Transporte, responde a una solicitud formal del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
El argumento central es técnico pero con consecuencias comerciales inmediatas. Los reglamentos postergados seguían los esquemas del Foro WP.29 de Naciones Unidas, mientras que una parte significativa de los vehículos y autopartes que circulan en el mercado colombiano están certificados bajo las normas estadounidenses FMVSS —Federal Motor Vehicle Safety Standards—. Sin el aplazamiento, esos vehículos habrían quedado excluidos del mercado colombiano a partir de la fecha señalada.
«Solicitamos ese aplazamiento, junto con el sector productivo, mientras se termina un estudio que adelantan las autoridades que rigen la política de transporte en el país, el cual establecerá las condiciones bajo las cuales podrán convivir los dos sistemas regulatorios: el de Naciones Unidas y el de Estados Unidos», declaró la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales Rojas.
Los siete reglamentos afectados cubrían componentes críticos de seguridad vial: llantas para carros y motos, sistemas de frenado, vidrios de seguridad, sistemas de retención, cintas retrorreflectivas y neumáticos para remolques y semirremolques. Ambos marcos normativos —FMVSS y WP.29— persiguen el mismo objetivo de seguridad, pero lo hacen mediante procesos de certificación distintos e incompatibles entre sí.
El Gobierno reconoció que, al no existir actualmente una definición clara que permita la coexistencia de ambos sistemas en el mercado automotor colombiano, lo procedente es postergar los reglamentos hasta consolidar un esquema que garantice tanto la seguridad vial como la fluidez del comercio.
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El episodio ilustra un patrón que el mercado colombiano conoce bien: la regulación que llega sin arquitectura de transición termina siendo más costosa que la que se posterga con criterio. En este caso, el propio aparato estatal tuvo que frenar en seco una norma que, de aplicarse, habría generado un desabastecimiento de facto en un sector que depende en buena medida de la cadena de suministro norteamericana.
Conviene mirar los incentivos. La adopción acrítica de estándares de Naciones Unidas sin evaluar su compatibilidad con los flujos comerciales reales no es neutralidad técnica: es un riesgo regulatorio que termina pagando la industria —y, en última instancia, el consumidor—. Que el sector productivo haya logrado detener la medida antes de su entrada en vigor es una señal positiva de que los mecanismos de consulta funcionaron; el desafío ahora es que el estudio prometido produzca un esquema de coexistencia claro, con plazos verificables, y no una prórroga indefinida que prolongue la incertidumbre para inversores y fabricantes.
