El presidente de Codelco, Bernardo Fontaine, compareció ante el Senado chileno y ofreció un diagnóstico sin eufemismos sobre la posición del país en el mercado del litio: «Definitivamente, nos hemos ido quedando abajo de la micro del boom del litio». La frase resume una década de oportunidades perdidas.
Los números son elocuentes. Hace diez años Chile controlaba el 38% de la oferta mundial de litio. Hoy esa cifra se sitúa en el 21% y, según las proyecciones citadas por Fontaine, podría retroceder hasta el 14% hacia 2030, a medida que Australia, China, Argentina y África expanden su producción.
El ejecutivo señaló directamente a la institucionalidad como causa del retroceso. El litio no es concesible en Chile —a diferencia del cobre y otros minerales—, y los Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL), el vehículo jurídico habilitado para otorgar permisos, «no han sido ni efectivos ni rápidos». Hasta la fecha solo se han otorgado dos.
La carga fiscal agrava el problema. Fontaine detalló que a un precio de 20 dólares por kilo, el Estado chileno retiene alrededor del 7% del ingreso de un proyecto nuevo vía CEOL, frente a un cargo fijo del 3% en Argentina. Cuando el precio sube a 30 dólares por kilo, la retención chilena puede alcanzar el 10%. A eso se suman permisos ambientales prolongados y una judicialización posterior a la Resolución de Calificación Ambiental que genera incertidumbre incluso sobre permisos ya obtenidos.
En materia de proyectos concretos, Fontaine informó que Novandino Litio —antes SQM— inició en julio la tramitación ambiental de Salar Futuro, una inversión de 3.000 millones de dólares que extendería operaciones en el Salar de Atacama hasta 2060. El ejecutivo pidió aprobación «a la brevedad».
El proyecto Salar de Maricunga, alianza entre Codelco y Rio Tinto, avanza más lento. Ya obtuvo aprobaciones de libre competencia sin condiciones en Brasil, Corea del Sur y Polonia, pero aún aguarda resolución en Chile y China. El Ministerio de Minería prepara además una nueva escritura del CEOL para subsanar observaciones de Contraloría. Fontaine estimó que el proyecto podría materializarse «en ocho años más», con tecnología de extracción directa de litio (DLE) que aún se evalúa a nivel piloto.
Sobre la alianza con Quiborax en el salar de Ascotán, el tercero más grande del país, el ejecutivo indicó que tras resolverse diferencias con Contraloría se retomará la tramitación del CEOL, con miras a exploración y explotación «en la próxima década».
Consultado sobre una posible venta de activos de Codelco para financiar inversiones, Fontaine fue cauteloso: «No hay ninguna decisión tomada al respecto». Reconoció, sin embargo, que la compañía enfrenta un déficit de caja vinculado a sus planes de inversión y que cualquier empresa en esa situación evalúa el valor de sus activos.
Conviene mirar los incentivos. Lo que Fontaine describió ante el Senado no es mala suerte geológica ni una conspiración externa: es el resultado predecible de un marco regulatorio que cobra el doble que la competencia, tarda años en otorgar permisos y los expone después a litigios. Mientras el aparato estatal delibera, Argentina encadena proyectos y consolida mercado. El dato importa más que el ruido: Chile tiene el recurso, tiene la tecnología disponible y tiene socios internacionales dispuestos a invertir. Lo que falta es la voluntad política de reformar una institucionalidad que, según el propio presidente de la empresa estatal más importante del país, está destruyendo competitividad en tiempo real.
