La Policía Nacional de Ecuador, en coordinación con Estados Unidos, desarticuló una banda de alrededor de 30 personas presuntamente vinculadas al cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), informó el ministro del Interior, John Reimberg.
El operativo se realizó este jueves en tres provincias del país andino. Hubo detenidos en Guayaquil, Daule, Samborondón, Ventanas, Babahoyo, Puebloviejo, Vinces y Machala, en las provincias de Guayas, Los Ríos y El Oro, fronteriza con Perú.
Reimberg dijo que en la operación participaron más de 320 miembros de la Policía Nacional de Ecuador y 50 miembros del Mando Sur de Estados Unidos. También participaron tropas norteamericanas y la Agencia Estadounidense Antidrogas (DEA, en inglés).
Según el ministro, la organización desarticulada «no tiene ningún vínculo con bandas locales. Tenía relación directa con el CJNG». Añadió que la investigación tomó cerca de ocho meses.
De acuerdo con Reimberg, la estructura se dedicaba al acopio, intermediación, distribución, transporte y comercialización de grandes cantidades de droga proveniente de Colombia, que pretendía ser enviada por vía marítima desde puertos de Guayaquil y Machala hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa.
Ecuador está rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y tiene varios puertos en sus costas, como el de Guayaquil, además de una economía dolarizada. En ese contexto, el país se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga con destino mayoritario a Europa y Norteamérica.
El país está considerado como el tercer país del mundo que más drogas decomisa, detrás de Colombia y Estados Unidos. En 2021 registró 200 toneladas anuales y en 2024 alcanzó un récord histórico de cerca de 300 toneladas.
Reimberg señaló además que, para llegar hasta la estructura desarticulada este jueves, «a lo largo de este año, ha habido una afectación de USD 322 millones entre todos los cargamentos de droga decomisados».
Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar «terroristas».
Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, con alrededor de 9 mil 300, según cifras del Ministerio del Interior.
Conviene mirar los incentivos. Cuando el crimen organizado encuentra rutas, puertos y rentas extraordinarias, el aparato estatal queda obligado a responder con más fuerza, más coordinación y menos complacencia. La operación muestra capacidad de golpe, pero no resuelve por sí sola el problema de fondo.
La lectura para la región es clara: la droga sigue cruzando fronteras cuando el Estado llega tarde o llega fragmentado. El orden público no es un lujo ideológico, sino una condición básica para la inversión, la propiedad y la vida cotidiana.
