La investigación por el homicidio de María Camila Potosí, de 21 años, registró el 30 de julio dos avances simultáneos: la captura de cinco presuntos implicados y el hallazgo de restos humanos que, de manera preliminar, corresponderían a su hija Alahia, extraída de su vientre cuando cursaba ocho meses de embarazo.
Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, citado por Noticias RCN, la necropsia determinó que la joven murió por múltiples lesiones causadas con arma blanca; el cuerpo presentaba más de 15 heridas. Los peritos forenses establecieron, además, que la bebé fue extraída mediante lo que las fuentes describen como una cesárea rudimentaria e ilegal antes de que el cadáver fuera abandonado en el río Meléndez, en el sector de La Buitrera, Cali.
María Camila había desaparecido el 16 de julio tras salir a un control prenatal. Su cuerpo fue hallado cuatro días después, el 20 de julio, en el Valle del Cauca. Los restos de la bebé fueron localizados en una zona boscosa de Cali por el Cuerpo Técnico de Investigación con apoyo de la Policía Nacional; la identidad formal aún debe ser confirmada por Medicina Legal.
La Fiscalía y la Policía ejecutaron los operativos durante la madrugada del 30 de julio en Cali y el municipio de Andalucía. Entre los detenidos figura Yulieth Angulo, identificada como la mujer que aparece en cámaras de seguridad transportando a la víctima en motocicleta. Los otros cuatro capturados fueron identificados con los alias Nilson, Edu, Kevin y JJ. Las autoridades incautaron teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y una motocicleta.
El brigadier general Herbert Benavídez, comandante de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, precisó que los detenidos «serán judicializados por los delitos de secuestro, desaparición forzada, feminicidio agravado y ocultamiento de elemento material probatorio», y señaló que varias de esas personas pretendían huir del país.
Según la reconstrucción presentada por las autoridades, el plan habría comenzado meses antes: alias Yulieth se habría ganado la confianza de María Camila durante aproximadamente dos meses en un programa de apoyo a gestantes conocido como FAMI, con falsas promesas de donaciones de ropa para bebé. La hipótesis investigativa indica que el objetivo era apropiarse de la menor para hacerla pasar como hija propia ante su pareja sentimental. Alias Nilson es señalado por las autoridades como el presunto cerebro y coordinador logístico del plan.
El alcalde de Cali, Alejandro Éder, había sostenido antes de las capturas que la investigación apuntaba a «una red de personas» y no a un responsable único. La Alcaldía había instalado un Puesto de Mando Unificado en la estación de Policía Meléndez y habilitado líneas de información confidencial. La recompensa activa ascendía a 200 millones de pesos.
La madre de la víctima, Alba Rubí Gómez, declaró a Noticias Caracol: «Ellos no tienen corazón, no tienen alma. No me cabe en la cabeza por qué cometieron este delito. Ahora solo espero que se haga justicia, que les caiga todo el peso de la ley».
El caso expone una falla estructural que conviene nombrar con precisión: una red criminal operó durante meses en el entorno de un programa estatal de atención a gestantes sin que ningún mecanismo de alerta funcionara. La pregunta que queda abierta no es solo de sanción penal —que corresponde a los jueces— sino de diseño institucional: qué controles existen sobre quienes acceden a esos programas y qué protocolos activan cuando una participante desaparece. El dato importa más que el ruido. Diez días para capturar a cinco sospechosos es un resultado operativo que merece reconocimiento; que el crimen haya podido gestarse durante semanas bajo la cobertura de un programa público es la pregunta que el Estado colombiano no puede eludir.
