El portavoz de la Cancillería china, Lin Jian, rechazó este martes las acusaciones formuladas por Washington y Asunción sobre una presunta infiltración de actores vinculados a Pekín en los sistemas cibernéticos del Estado paraguayo. En rueda de prensa rutinaria, Lin acusó a Estados Unidos de utilizar la ciberseguridad como «excusa para señalar y desacreditar a China» y exhortó a los países implicados a no convertirse en «instrumentos de la geopolítica estadounidense» ni en «cómplices del Gobierno de EE. UU. en la difusión de información falsa sobre supuestos ciberataques chinos».
El viernes anterior, ambos gobiernos habían hecho pública la detección, durante una revisión conjunta de ciberseguridad, de «múltiples actores de amenaza» vinculados a China infiltrados en sistemas estatales paraguayos. El director general de ciberseguridad del Ministerio paraguayo de Tecnologías de la Información y Comunicación, Pedro Martínez, precisó el lunes que, «después de un tiempo de monitoreo», se concluyó que las amenazas «corresponden a actividades que se condicen con lo que suelen hacer los grupos que operan para el Gobierno chino».
No es la primera vez que Asunción y Washington registran este tipo de incidente. A finales de septiembre de 2024, durante otra revisión conjunta, ambos gobiernos informaron de que la red de ciberespionaje Flax Typhoon, ubicada en China, fue identificada infiltrándose en los sistemas del Gobierno paraguayo. En aquella ocasión, el presidente Santiago Peña vinculó el episodio con las relaciones diplomáticas que su país mantiene con Taiwán.
Ese vínculo diplomático es la clave de bóveda del conflicto. Paraguay es el único país de América del Sur y uno de los doce en el mundo que sostiene relaciones oficiales con Taiwán, isla autogobernada que Pekín considera «parte inalienable» de su territorio. La presión sobre Asunción, sea por vía diplomática, económica o —según los hallazgos de ambas revisiones— cibernética, encaja en el patrón que Beijing aplica a los pocos Estados que se niegan a reconocer al gobierno de la República Popular.
China ya había respondido a través de un comunicado compartido por su consulado en São Paulo, donde expresó su «insatisfacción» y juzgó que Estados Unidos y Paraguay «han sacado conclusiones apresuradas». La posición oficial de Pekín se mantiene sin variación: el gobierno chino «se opone a las actividades de piratería informática», según Lin, al tiempo que atribuye las denuncias a motivaciones políticas de Washington.
Conviene mirar los incentivos. Paraguay no es un actor estratégico de primer orden en términos económicos, pero su reconocimiento de Taiwán lo convierte en un objetivo simbólico y operativo de alto valor para Pekín. Dos revisiones conjuntas en menos de un año, ambas con hallazgos similares, no constituyen ruido: son un patrón documentado por las propias autoridades paraguayas y refrendado por Washington.
El dato importa más que el ruido. La negativa china sigue el libreto habitual —negar, atribuir motivos políticos al acusador, presentarse como víctima de la hegemonía estadounidense—, pero no refuta ninguna de las evidencias técnicas presentadas por Asunción. Para los países de la región que aún calibran el costo de mantener o estrechar lazos con Taiwán, el caso paraguayo ofrece una lección concreta sobre el precio que Pekín está dispuesto a cobrar.
