El Gobierno chino puso en marcha una campaña de prevención que obliga a retirar 7 millones de vehículos en el país, dentro de una investigación que medios locales describen como la más grande realizada hasta ahora en el sector automotriz asiático.
La medida llega después de que las autoridades anunciaran una investigación previa a más de 3 millones de vehículos de Tesla, Xiaomi, Xpeng, Chery, Geely, Dongfeng y FAW, por motivos de seguridad que involucraban las puertas de los automóviles. La fuente no precisa si esos 3 millones forman parte de los 7 millones retirados o si se trata de universos distintos; tampoco especifica cuántas unidades corresponden a cada fabricante.
La campaña está liderada por varios ministerios junto con la Administración Estatal para la Regulación del Mercado (SAMR) y tendrá una vigencia de doce meses. El objetivo declarado es elevar los estándares de calidad y seguridad exigidos a los fabricantes que operan en el país, que van desde la revisión de consistencia hasta la durabilidad de los vehículos.
Aunque la orden compromete a Tesla, Xiaomi, Xpeng, Chery, Geely, Dongfeng, FAW y también a Leapmotor —mencionada en la investigación previa—, es la firma de Elon Musk la que concentra la atención mediática, según Semana, porque es la marca que más unidades acumula dentro de la investigación.
El trasfondo es una industria automotriz china que vive un momento paradójico. Hacia afuera, sus marcas ganan terreno global gracias a nuevas tecnologías, como lo ilustran las alianzas recientes de Porsche y Chevrolet con fabricantes locales. Hacia adentro, sin embargo, pierden posición: la Asociación China de Automóviles de Pasajeros registró una caída del 20% en las ventas de vehículos locales en los últimos meses.
Esa contracción desató una guerra de precios que algunos medios especializados ya califican como guerra comercial interna. Bill Russo, director ejecutivo de la consultora Automobility, con sede en Shanghái, explicó que los fabricantes chinos «tienen un exceso de capacidad de producción, cadenas de suministro altamente competitivas, productos cada vez más sofisticados y un fuerte incentivo económico para buscar el crecimiento fuera de China».
La Asociación de Fabricantes de Automóviles de China (CAAM) advirtió, por su parte, que la medida gubernamental podría generar alteraciones comerciales, en la medida en que pone en entredicho la consistencia y seguridad de los vehículos producidos en el país.
Conviene mirar los incentivos. Un Estado que impone estándares de seguridad más estrictos puede mejorar la calidad del parque automotor, pero también puede usar la regulación como instrumento de disciplina de mercado en un sector con exceso de oferta y márgenes cada vez más estrechos. La coincidencia entre la caída de ventas domésticas, la guerra de precios y una investigación regulatoria de esta magnitud no es casual: Pekín tiene motivos tanto de seguridad pública como de ordenamiento industrial para actuar.
Para Tesla, quedar en el centro de una campaña que compromete a sus principales competidores locales tiene un costo reputacional que excede el número de unidades afectadas. El dato importa más que el ruido: en un mercado donde el Estado fija las reglas y también compite con incentivos a sus campeones nacionales, la frontera entre regulación de seguridad y proteccionismo industrial se vuelve difícil de trazar. La historia sugiere cautela antes de asumir que se trata solo de lo primero.
