El ministro de Hacienda de Chile, Jorge Quiroz, anunció que el Ejecutivo enviará un veto supresivo para eliminar de la megarreforma financiera la prohibición del anatocismo, es decir, la capitalización de intereses en cada vencimiento o renovación de un crédito.
Quiroz lo confirmó en un punto de prensa tras el comité económico en La Moneda: «por lo menos va a estar en el anatocismo», señaló al referirse a los vetos supresivos que el gobierno prepara. La decisión se apoya en informes técnicos del Banco Central y de la Comisión de Mercado Financiero (CMF), ambos organismos independientes.
El secretario de Estado fue directo sobre la ausencia de respaldo académico a la medida que se pretendía suprimir: «No conozco un experto versado en temas financieros que opine de eso». Fue más lejos al señalar que incluso el asesor económico de Jeannette Jara, candidata del Partido Comunista, coincidía con esa postura técnica. «Estamos hablando de una opinión que va desde asesores técnicos de una candidata del propio Partido Comunista hasta el Banco Central», subrayó Quiroz.
La indicación que introdujo la prohibición fue impulsada por el subjefe de la bancada del PPD-Independientes, Héctor Ulloa, y logró abrirse paso durante la tramitación del proyecto, que se encuentra próximo a concluir en comisión mixta.
Sobre las consecuencias prácticas de mantener esa prohibición, el ministro advirtió que «al final sube el costo de los créditos, se distorsiona el mercado financiero». Añadió que en materias de esta naturaleza «hay que escuchar al Banco Central» y a la CMF «para legislar el bien del país».
Respecto de otros vetos posibles —entre ellos la eliminación del llamado derecho al olvido, que también genera rechazo en los gremios empresariales— Quiroz fue más cauteloso: «Tenemos que estudiar las demás».
Lo que el episodio revela
Conviene mirar los incentivos. La prohibición del anatocismo no nació de un diagnóstico técnico ni de evidencia de fallas sistémicas en el mercado crediticio chileno: nació de un impulso legislativo sin sustento entre los especialistas. Que el propio Banco Central y la CMF hayan emitido informes contrarios, y que el Ejecutivo haya debido recurrir al veto para corregir el daño, describe con precisión el costo de legislar bajo presión política sin disciplina técnica.
El dato importa más que el ruido. Cuando una disposición no encuentra un solo economista que la defienda —y cuando esa unanimidad técnica atraviesa desde organismos independientes hasta asesores de la izquierda dura— la pregunta relevante no es por qué el gobierno veta, sino por qué la indicación prosperó en primer lugar. El mercado financiero no es un campo neutro: cada distorsión regulatoria tiene un precio, y ese precio lo pagan, en última instancia, los deudores que ven encarecerse su acceso al crédito. La corrección llega tarde, pero llega.
