El Ministerio de Seguridad de Chile, encabezado por Martín Arrau, ingresó el pasado 17 de julio a la Contraloría un decreto para modificar el reglamento de selección y ascenso en Carabineros. La medida central: reducir la edad mínima de ingreso de 18 a 17 años cumplidos, manteniendo en 30 años el tope máximo.
El documento, firmado por el propio ministro, modifica el decreto de 1959 del Ministerio del Interior que regula los requisitos de postulación a la policía uniformada. Según el texto, los cambios responden a «las actuales necesidades institucionales en materia de gestión de personal» y buscan «ampliar el universo de postulantes a la institución, flexibilizar los criterios de reincorporación de personal previamente formado y establecer reglas más claras y actualizadas en materia disciplinaria durante la etapa de formación».
Entre las modificaciones adicionales destaca la revisión del requisito de estado civil. Si bien se mantiene la condición de ser «chileno y soltero», el decreto elimina la referencia explícita al estado civil como criterio excluyente, permitiendo postular «sin exigir estado civil» en ciertos casos. También se suprime la prohibición de reintentar el proceso de formación, fijando ahora un límite de dos intentos adicionales.
En materia de reincorporación, el decreto amplía hasta los 40 años la edad máxima para que ex funcionarios puedan reintegrarse al servicio, un cambio que apunta a recuperar personal ya formado y reducir los costos de entrenamiento desde cero.
El decreto fue revisado el 23 de julio por la División Jurídica de la Contraloría junto a funcionarios del ministerio. Tras esa revisión, el escrito fue retirado para realizar ajustes jurídicos, un procedimiento habitual en este tipo de trámites.
Las reformas de requisitos en Carabineros no son novedad. Durante el gobierno anterior, la entonces ministra del Interior Izkia Siches permitió que postularan personas con tatuajes o pie plano, condiciones que hasta ese momento eran motivo de rechazo.
En paralelo, el decreto también endurece los estándares de conducta durante la formación. Elimina la exigencia de dos certificados de «personas honorables» y la reemplaza por la obligación del aspirante de «acreditar conducta y honorabilidad personal y familiar intachable». Además, incorpora un artículo que permite la eliminación inmediata del alumno que incurra en «faltas graves» que «lesionen gravemente la moralidad o el prestigio de la institución».
El objetivo declarado del Ejecutivo es aumentar la dotación de Carabineros, institución encabezada por el general director Marcelo Araya. Hace dos semanas, el mismo ministerio anunció medidas para mejorar remuneraciones y condiciones de los funcionarios activos, apuntando tanto a incentivar nuevas postulaciones como a retener a quienes ya integran la institución.
Conviene mirar los incentivos. Ampliar el universo de postulantes —bajando la edad, eliminando restricciones de estado civil y abriendo la puerta a reincorporaciones— es una respuesta lógica a una institución que necesita más efectivos en terreno. La lógica es la del mercado laboral aplicada al servicio público: si la oferta es insuficiente, se ajustan las condiciones de entrada. El dato relevante es que el decreto no sacrifica los estándares de idoneidad ni de disciplina; los reformula con criterios más precisos y más exigibles. Chile enfrenta una presión de seguridad que no admite demoras burocráticas: modernizar el reglamento de 1959 no es un capricho administrativo, sino una condición mínima para que el aparato policial pueda operar a la escala que la coyuntura exige.
