Louis de Grange aseguró este lunes que el proyecto de cable submarino para unir Chile con China continúa en curso y que no ha sido eliminado, como lo afirmó el embajador de Estados Unidos, Brandon Judd.
El ministro de Obras Públicas y Telecomunicaciones sostuvo en Tolerancia Cero de CNN Chile que «el tema del cable chino sigue su curso normal». Añadió que «el proceso sigue, sigue su curso natural» y que hay una serie de procesos todavía por realizar.
La controversia no es menor. En los primeros días del gobierno de José Antonio Kast, Judd afirmó que «ya se acabó» la intención de construir el cable con la empresa China Mobile. Esa declaración tensó las relaciones entre Chile y Washington, así como las del gobierno de Gabriel Boric con la administración actual, según el mismo relato difundido en torno al caso.
De Grange respondió que no ha escuchado a Judd decir eso y que China y Estados Unidos son «dos socios estratégicos para Chile, tremendamente importantes». Agregó que el Ejecutivo empujará «las mejores relaciones con ambos».
El ministro también fue consultado por el antecedente de febrero pasado, cuando Estados Unidos retiró las visas a tres funcionarios del gobierno del presidente Boric —incluyendo al entonces ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz—, acusándolos de haber «socavado la seguridad regional» por el proyecto que busca conectar Valparaíso con Hong Kong mediante un cable submarino.
Preguntado por si teme perder su visa, De Grange dijo: «Yo creo que no hay más razones para estar preocupado, si como digo, Estados Unidos y China son dos de los principales socios estratégicos y nosotros, por supuesto, mantenemos nuestra soberanía».
Sobre el avance administrativo del proyecto, precisó que a China Mobile todavía no se le ha otorgado ningún permiso y que el proceso está en «recopilación de información». Según el ministro, se han planteado «una serie de dudas», aunque calificó esas dudas como normales para cualquier empresa que solicita una concesión.
También negó que el Ejecutivo se sienta restringido por Estados Unidos para avanzar en la conexión con China. Dijo que las relaciones con Judd son «muy buenas» y que también lo son con los chinos.
La lectura de fondo es clara: Chile no está ante una decisión técnica aislada, sino ante una prueba de autonomía estatal. Cuando un proyecto de infraestructura queda atrapado entre dos potencias, el margen para la soberanía práctica se mide en permisos, concesiones y costos diplomáticos.
Conviene mirar los incentivos. Si el Estado quiere atraer inversión y expandir conectividad, necesita reglas estables y previsibles; pero si al mismo tiempo administra un activo sensible entre Estados Unidos y China, deberá asumir que cada paso tiene efectos más allá de la burocracia. La pregunta no es solo si el cable sigue, sino cuánto cuesta sostenerlo en una coyuntura de rivalidad entre socios estratégicos.
