El Senado de Chile aprobó la madrugada del miércoles, pasadas las 2:30, la llamada Ley de Reconstrucción, descrita por La Tercera como «el proyecto ancla de la administración de José Antonio Kast». Los artículos principales —rebaja tributaria, reintegración e invariabilidad— fueron aprobados por 26 votos, resultado del que la misma fuente señala que «no se logró allegar apoyos de la oposición».
El trámite legislativo no ha concluido. La iniciativa regresa ahora a la Cámara de Diputados, donde el PDG y los libertarios «ya han puesto algunas exigencias sobre la mesa que hacen prever que el proyecto pasará por una comisión mixta», según La Tercera. En paralelo, la oposición de izquierda trabaja en cuatro requerimientos ante el Tribunal Constitucional. Un grupo de abogados ligados al sector —entre ellos Tomás Jordán, Jorge Correa Sutil, Jaime Gajardo, Domingo Lovera y Jaime Bassa— impugna la invariabilidad tributaria y la norma que permite al Estado indemnizar a empresas cuyos proyectos queden paralizados tras el rechazo de su resolución de calificación ambiental. Los senadores opositores anticiparon que esos requerimientos se presentarían el lunes.
La semana dejó también costos políticos visibles. El ministro Jorge Quiroz «tuvo que aceptar públicamente como un error propio el haber ingresado una indicación que rebajaba el impuesto corporativo del 23% al 22%», lo que quebró un acuerdo previo con el PPD. El martes, según La Tercera, Quiroz «recibió el respaldo implícito del Presidente Kast». Por otro lado, la timonel del PS, Paulina Vodanovic, resultó perjudicada por la revuelta interna que desencadenaron sus conversaciones con Hacienda en búsqueda de un entendimiento que finalmente no prosperó.
A ese escenario político se sumó un frente climático: un temporal azotó la mayor parte del país, lo que llevó al Ejecutivo a decretar emergencia preventiva en 10 regiones y suspender clases. La Tercera reportó que «el gobierno estaba especialmente desplegado, con el Presidente Kast como principal vocero de la emergencia».
Conviene mirar los incentivos. La Ley de Reconstrucción contiene instrumentos —invariabilidad tributaria, reintegración, indemnización por paralización de proyectos— que apuntan directamente a reducir la incertidumbre regulatoria para la inversión privada. Ese es, precisamente, el tipo de señal que los mercados de capitales y los grandes proyectos de infraestructura necesitan para comprometer recursos de largo plazo en Chile. Cada mes de litigio constitucional es un mes en que esa señal permanece en suspenso.
El dato importa más que el ruido: la aprobación senatorial es un hito real, pero la arquitectura de impugnaciones que prepara la izquierda jurídica revela que el verdadero campo de batalla se ha desplazado de la política hacia el derecho. Si el Tribunal Constitucional acoge alguno de los cuatro requerimientos, el costo no lo pagará solo el gobierno de Kast; lo pagará la certeza jurídica que cualquier economía de libre empresa necesita para funcionar.
