La Corte Suprema de Chile decidió no esperar más. El máximo tribunal publicó la tabla que pone en pauta del pleno 57 cuadernos de remoción de jueces acusados de faltas a la probidad por haber viajado al extranjero mientras gozaban de licencia médica. Las vistas comienzan el miércoles.
Para despachar el volumen de causas, las salas del tribunal sesionarán poco más de una hora en la mañana y luego se constituirán en plenos extraordinarios, cuaderno por cuaderno, para decidir la eventual destitución de casi 60 magistrados.
Antes de llegar a este punto, un grupo de jueces intentó una salida distinta: recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para suspender sus procesos y objetar la constitucionalidad de normas del auto acordado del Acta 108 o del Código Orgánico de Tribunales. Según una revisión de La Tercera, al menos 18 jueces presentaron requerimientos ante el TC.
De esos 18 casos, solo seis han sido resueltos hasta ahora, y casi todos cayeron en la etapa de admisión a trámite o de admisibilidad, sin llegar al fondo del asunto. El resultado deja a la inmensa mayoría de los recurrentes sin el escudo que buscaban.
Uno de los casos más visibles es el del juez Daniel Urrutia, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, representado por el abogado Carlos Quezada. La Primera Sala del TC —integrada por las ministras Nancy Yáñez y Alejandra Precht y los ministros Miguel Ángel Fernández y Héctor Mery— declaró no admitido a trámite su requerimiento, en una resolución unánime que señaló que Urrutia «solo alude en términos generales» a las resoluciones de la Corte Suprema, sin explicar los hechos específicos ni acompañar la resolución de la investigación en su contra.
Urrutia llegó a esta situación por dos viajes realizados con licencia médica vigente: uno a Costa Rica, coincidente con audiencias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por una demanda que ganó, y otro a Ecuador, para un tratamiento de medicina alternativa en una comunidad indígena. Según la Corte de Apelaciones de Santiago, ambos hechos constituyeron una grave falta a la probidad.
El mismo destino tuvieron los requerimientos de los jueces Gustavo Benavente, María Verónica Arancibia, Carlos Jeria y Luis Oyarzún: todos fueron declarados no admitidos a trámite. La jueza Juana Álvarez y el juez José Delgado sufrieron un revés aún mayor, con requerimientos declarados directamente inadmisibles.
Otro grupo de magistrados permanece a la espera de resolución: las juezas Lía Chepe, María José Salas, Kathyuzka Drpic y Paola Rivas, y el juez Rodrigo Chávez, además de Erna Fuentes, Macarena Bobadilla, Eduardo Fritz y Juan Manuel Gatica, representados por distintos abogados.
Hasta ahora, el único que ha logrado frenar, aunque parcialmente, el avance de la Suprema es el juez Jorge Saavedra, quien consiguió que el TC admitiera a trámite su recurso —solo respecto de un artículo del auto acordado— y ordenara la suspensión de su cuaderno de remoción hasta que se resuelva el fondo.
El episodio expone algo más que un problema administrativo del Poder Judicial. Revela los incentivos que genera un sistema de licencias médicas sin control efectivo dentro de una institución que, por definición, debería ser garante del cumplimiento de reglas. Cuando quienes deben interpretar la ley para todos los ciudadanos recurren a maniobras procesales para dilatar su propia rendición de cuentas, el costo no es solo reputacional: es la erosión de la confianza pública en el sistema de justicia.
La historia sugiere cautela frente a la tentación de mirar estos casos como anécdotas aisladas. El dato importa más que el ruido: de 18 requerimientos ante el TC, apenas uno logró frenar, parcialmente, el proceso de remoción. La señal que envía la Corte Suprema —avanzar sin más demoras— es la que corresponde a instituciones que aspiran a ser tomadas en serio.
