La Comunidad Palestina de Chile envió una carta al presidente José Antonio Kast en la que emplaza a su gobierno por los dichos del embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik. La organización expresó su «profunda preocupación» y cuestionó que un representante del Estado se refiera en esos términos a una comunidad de ciudadanos chilenos ante una audiencia extranjera.
La controversia se originó cuando Zaliasnik participó en el programa «Defending Israel», donde puso en duda las cifras habitualmente atribuidas a la comunidad palestina en Chile y afirmó que esta tiene una presencia relevante en los medios de comunicación y el Congreso. Para la organización, esas afirmaciones proyectan una imagen de la comunidad como «numerosa, organizada, influyente y potencialmente peligrosa», algo que califican de «estigmatización colectiva».
«Chile no es simplemente el país que acogió a nuestros antepasados: es nuestro país. Somos chilenos», señaló la carta. La organización también objetó que Zaliasnik sostuviera que los antepasados de la comunidad eran originalmente «árabes» y que luego comenzaron a identificarse como palestinos.
Un punto central del reclamo es la distinción entre la opinión personal de un diplomático y su rol institucional. «Cuando un embajador chileno habla en ejercicio de esa investidura, su ‘nosotros’ institucional no puede ser una comunidad particular frente a otra. Su ‘nosotros’ debe ser Chile», sostuvo la comunidad.
La organización afirmó condenar «de manera absoluta y sin ambigüedad» cualquier expresión antisemita, pero remarcó que cuestionar las políticas del gobierno israelí, los asentamientos o el sionismo «no constituye, por sí mismo, antisemitismo». La carta también cuestionó el manejo del gobierno chileno frente a episodios previos vinculados a Tel Aviv, entre ellos lo que describieron como el secuestro de ciudadanos chilenos por Israel en aguas internacionales.
«No le pedimos a su Gobierno que comparta nuestra posición sobre Palestina, ni que adopte nuestras opiniones respecto de Israel. Pedimos algo mucho más básico: que se nos trate como chilenos y que el Estado de Chile nos proteja como tales», indicó la comunidad, que además emplazó directamente al Presidente: «¿Debemos entender que ésta será la forma en que su Gobierno se relacionará durante los próximos años con los chilenos de origen palestino?».
El pronunciamiento llegó después de que Zaliasnik lamentara públicamente haber utilizado términos que pudieran resultar ofensivos para la comunidad palestina y asegurara que nunca tuvo la intención de afectar a sus integrantes.
El episodio expone un problema de incentivos más que de ideología. Un embajador no habla a título personal: sus palabras comprometen al Estado que representa, y el margen entre la opinión propia y la vocería institucional es, precisamente, lo que distingue a una diplomacia seria de un exabrupto de sobremesa. La retractación de Zaliasnik reconoce implícitamente ese límite, pero llega después de que el daño reputacional ya está hecho.
El fondo del reclamo de la comunidad palestina no exige que Chile cambie su política exterior hacia Israel ni que el gobierno adopte posición alguna sobre el conflicto: pide algo más elemental y menos discutible, que ningún representante del Estado presente a un grupo de ciudadanos chilenos como sospechoso por su origen, número o influencia. Esa es una demanda compatible con cualquier Estado de derecho que trate a sus nacionales como iguales ante la ley, independientemente de su origen étnico o sus simpatías geopolíticas. La historia sugiere cautela: los gobiernos que permiten que la retórica identitaria —de cualquier signo— se filtre en el aparato diplomático suelen pagar un costo político que excede largamente el beneficio de la declaración original.
