Pablo González, gerente general del holding ILC, plantea que Chile enfrenta un envejecimiento acelerado que ya no puede tratarse como un asunto de pensiones, sino como un cambio de era que tensiona la salud, el mercado laboral, la educación y la economía del país completo.
En la conversación con Polo Ramírez, González dice que Chile no está preparado para ese giro. Su argumento parte de una comparación histórica: en 1925, un chileno vivía en promedio 33 años; cien años después, en 2025, esa cifra saltó a los 85. Para él, ese salto de 2,5 veces en solo un siglo no es una tendencia, sino un cambio estructural.
González afirma que ese aumento en la expectativa de vida es «un logro de Chile», resultado de políticas públicas y de un sistema de salud que, en varios indicadores, funciona mejor de lo que se suele reconocer. Pero advierte que el país no alcanzó a adaptar los sistemas diseñados para una realidad demográfica distinta.
Ahí sitúa una de las tensiones centrales: la diferencia entre esperanza de vida y esperanza de vida saludable. Según explica, esa brecha no se ha cerrado porque el sistema de salud chileno es curativo antes que preventivo y además está fragmentado. Como ejemplo, menciona lo que ocurre en una consulta médica de 15 o 20 minutos cuando el paciente es una persona mayor.
El ejecutivo también compara a Chile con otros países de la OCDE. Dice que, entre las diez naciones que más rápido aumentaron su esperanza de vida en las últimas décadas, hay una que nunca movió su edad legal de jubilación. Esa observación enlaza con otra señal de ajuste pendiente: el mercado laboral se contrae en los años previos a pensionarse.
La entrevista incorpora además dos cifras que, según González, muestran la magnitud del desafío. Durante la próxima década, cerca de la mitad de las salas de clase de los colegios en Chile va a estar vacía. Y prácticamente al mismo tiempo, el país va a necesitar bastante más camas hospitalarias que las que tiene hoy. A su juicio, ambos fenómenos están conectados y podrían terminar exigiendo una misma respuesta de política pública.
Más allá del diagnóstico, González repasa iniciativas del holding ILC: un centro de salud diseñado exclusivamente para personas mayores, protocolos de atención distintos para ese segmento e incluso un producto financiero pensado para un problema puntual de muchos pensionados. Según cuenta, los indicadores de satisfacción de esos servicios son sistemáticamente mejores entre los mayores de 60 que en el resto de los segmentos.
Conviene mirar los incentivos. Cuando la longevidad se expande más rápido que la capacidad del sistema para absorberla, el costo termina repartido entre pacientes, trabajadores y contribuyentes. La discusión no es solo cuántos años vive la población, sino quién paga la adaptación institucional que exige esa nueva realidad.
El dato importa más que el ruido. Un país que envejece con mayor rapidez y con menos recursos relativos que otros pares necesita reglas, inversión y coordinación, no consignas. Si la política sigue mirando el envejecimiento solo como un problema previsional, llegará tarde a la salud, al empleo y a la educación.
