La embajada de Palestina en Chile rompió el silencio diplomático. En un comunicado, expresó «profunda preocupación» y rechazó «categóricamente» las declaraciones del embajador chileno en Israel, Gabriel Zaliasnik, formuladas en el programa «Defending Israel».
Zaliasnik puso en duda las cifras habitualmente atribuidas a la comunidad palestina en Chile y sostuvo que esta tiene una presencia relevante en medios de comunicación y en el Congreso. También describió lo que calificó como una «radicalización» de chilenos de origen palestino, al señalar que «empezaron a usar su identidad políticamente, como hacen muchos grupos ahora».
La embajada respondió que ser propalestino «no es radicalización», sino identificarse con el origen familiar, y calificó la caracterización del embajador como «profundamente objetable». Añadió que la relación entre el Estado palestino y la diáspora, incluidas sus instituciones en Chile, es «diplomática legítima y normal», con «pleno respeto» a la soberanía chilena.
Un punto adicional de la controversia fue un mapa exhibido durante la entrevista, que —según la delegación palestina— representaba Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza como parte de Israel. La embajada calificó la indiferencia de Zaliasnik ante esa imagen como preocupante, por contradecir, a su juicio, el reconocimiento chileno al Estado de Palestina y el derecho internacional sobre territorios ocupados.
El comunicado fue más allá del terreno simbólico. La delegación afirmó que Zaliasnik describió un traslado «lento» del voto chileno en Naciones Unidas, desde posiciones favorables a Palestina hacia abstenciones, y que el embajador manifestó su expectativa de una postura «más razonable» de Chile. A partir de esas declaraciones, sumadas a lo que identifica como un cambio efectivo en el patrón de voto, la embajada concluyó que «se ha producido un cambio en la posición de Chile».
Según la representación palestina, un giro de esa magnitud en política exterior —históricamente sostenida como política de Estado, basada en el derecho internacional, las resoluciones de la ONU y la solución de dos Estados— no debería «inferirse de declaraciones en un programa de televisión extranjero», sino comunicarse por los canales oficiales del Estado chileno.
La embajada también rechazó que el uso de cifras sobre víctimas en Gaza sea un «juego con los números», como habría planteado el embajador, y sostuvo que esa relativización «trivializa la pérdida de vidas palestinas» y desestima la evidencia documentada sobre el terreno. Sobre las alusiones a antisemitismo, la delegación fijó una distinción: apoyar a Palestina, criticar políticas del gobierno israelí o abogar por la autodeterminación palestina no equivale, por sí mismo, a discurso de odio.
La embajada cerró su declaración con un gesto de «plena solidaridad» hacia la comunidad palestina residente en el país y coincidió con la Comunidad Palestina en Chile en reclamar que el Ejecutivo entregue explicaciones formales.
El episodio expone una tensión que trasciende lo anecdótico. Un embajador puede opinar; lo que no puede hacer sin costo institucional es sugerir, desde un programa de televisión extranjero, un giro en la política exterior de un Estado sin que exista un anuncio oficial que lo respalde. Ese vacío —entre lo que dice un funcionario y lo que confirma un gobierno— es terreno fértil para la incertidumbre diplomática, y La Moneda tiene ahora la obligación de despejarlo con un canal formal, no con silencio.
El dato importa más que el ruido: si Chile modificó su patrón de voto en la ONU, el país tiene derecho a saberlo por su gobierno, no por inferencia periodística. La ambigüedad institucional, más que el contenido de la disputa, es lo que debilita la credibilidad de cualquier política de Estado.
