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Chile eleva la PGU a $250.275 para mayores de 75 años desde septiembre de 2026

El ajuste, automático para parte de los beneficiarios, se enmarca en la Reforma de Pensiones y amplía el universo de quienes acceden al monto mayor; los menores de 75 años seguirán con el tope de $231.732.
Imagen ilustrativa
Las Américaslunes 13 de julio de 2026

Desde septiembre de 2026, las personas de 75 años o más podrán recibir $250.275 mensuales a través de la Pensión Garantizada Universal (PGU). Así lo detalla el Instituto de Previsión Social (IPS), que precisa que el incremento se aplicará de forma automática a quienes cumplan esa edad hasta el 30 de septiembre.

Quienes alcancen los 75 años entre octubre de 2026 y agosto de 2027 comenzarán a recibir el monto mayor a partir del mes de su cumpleaños. El ajuste se inscribe en la implementación de la Reforma de Pensiones: actualmente, el valor de $250.275 ya estaba disponible para personas de 82 años o más, y el cambio extiende ese umbral hacia abajo.

Los beneficiarios de entre 65 y 74 años continuarán recibiendo la PGU con un tope de hasta $231.732. El beneficio se entrega a adultos mayores con pensión base de hasta $789.139; entre esa cifra y $1.252.602 se puede acceder a una PGU de valor variable.

Para verificar si un beneficiario actual queda incluido en el grupo que recibirá el alza automática, el IPS habilitó un sitio de consulta en ChileAtiende que requiere ingresar el RUN y la fecha de nacimiento. La plataforma también despliega información sobre otros beneficios asignados.

Quienes aún no reciben la PGU pueden solicitarla de forma presencial en oficinas de ChileAtiende, en municipios con convenio con el IPS, o a través de la AFP o compañía de seguros correspondiente. A distancia, el trámite se realiza en chileatiende.cl con ClaveÚnica o mediante videollamada con un ejecutivo, disponible de lunes a viernes entre las 8:00 y las 17:00 horas.

Lo que el dato revela

Conviene mirar los incentivos. Un sistema de pensiones que depende de transferencias fiscales crecientes —ampliadas por ley cada cierto tramo de edad— traslada el costo del envejecimiento demográfico directamente al erario. El dinero de los contribuyentes financia hoy un piso que, por diseño, sube con cada reforma: primero para los mayores de 82, luego para los de 75, con la lógica implícita de que el umbral seguirá bajando.

El debate de fondo no es si los adultos mayores merecen ingresos dignos —nadie lo discute— sino si el aparato estatal es el mecanismo más eficiente y sostenible para garantizarlos. Un sistema de capitalización individual robusto generaría pensiones sin depender de transferencias perpetuas; la PGU, en cambio, funciona como parche sobre un pilar contributivo que acumula décadas de promesas no cumplidas. El dato importa más que el ruido: mientras el monto sube, la pregunta sobre quién paga y por cuánto tiempo sigue sin respuesta en el debate público chileno.

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