La presidenta del Partido Socialista de Chile, Paulina Vodanovic, confirmó este lunes que su partido recurrirá al Tribunal Constitucional para impugnar la cláusula de invariabilidad tributaria incluida en la denominada megarreforma, cuya votación en la Sala del Senado está prevista para el miércoles.
La norma, impulsada por el Ministerio de Hacienda, establece condiciones tributarias fijas durante 25 años para las empresas, incluyendo —según Vodanovic— «circulares e interpretaciones de Impuestos Internos». La senadora socialista votó en contra y anunció que el recurso ante el Tribunal Constitucional se extenderá también a «algunas normas medioambientales» del mismo proyecto.
La Comisión de Hacienda del Senado aprobó la indicación de invariabilidad tributaria solo con votos oficialistas. Pese a ello, Vodanovic lamentó que el Ejecutivo «no haya permitido mejorar» el proyecto, al que atribuye «consecuencias muy complejas para el país, con una menor recaudación y probables afectaciones importantes en distintas materias».
El conflicto no se limita al PS. La negociación en torno a la megarreforma generó fricciones con senadores del PPD, otra fuerza del oficialismo, lo que refleja las tensiones internas de la coalición de gobierno ante un texto que llega al pleno con fisuras visibles.
Vodanovic reconoció, no obstante, que el PS logró introducir modificaciones puntuales durante el trámite en comisión: «Hemos tratado de suavizar algunos de sus efectos, por ejemplo, en el tema del SENCE, donde se pudieron introducir algunas modificaciones, al igual que en otras materias».
La votación en la Sala del Senado se perfila como el siguiente campo de batalla. El resultado en comisión no garantiza mayoría en el pleno, y la amenaza de recurrir al Tribunal Constitucional añade una capa de incertidumbre jurídica al proceso legislativo.
Conviene mirar los incentivos. Una cláusula de invariabilidad tributaria por 25 años es, en esencia, una señal de estabilidad hacia la inversión privada: le dice al capital que las reglas del juego no cambiarán al ritmo de los ciclos electorales. Que sea precisamente el ala izquierda del oficialismo quien la impugne revela una tensión de fondo: el gobierno negoció con una parte de su propia coalición una garantía para la libre empresa, y otra parte de esa misma coalición responde con herramientas de bloqueo institucional.
El dato importa más que el ruido. Si el Tribunal Constitucional acoge el recurso, la norma cae y con ella la certeza jurídica que buscaban los inversionistas. Si la rechaza, el PS habrá gastado capital político en una batalla perdida. En cualquier caso, la señal que Chile emite hacia los mercados en este trámite es la de un sistema donde los acuerdos pueden deshacerse antes de entrar en vigor. Esa fragilidad institucional tiene un costo que no aparece en ningún informe de recaudación, pero que los incentivos de inversión descuentan con precisión.
