La Policía de Investigaciones de Chile detuvo este sábado al coronel retirado Nelson Haase Mazzei, el único de los ocho condenados por el secuestro y asesinato del cantautor Víctor Jara que permanecía prófugo de la justicia. Agentes policiales lo encontraron en una parcela en Puyehue, en la región de Los Lagos, en el sur del país.
La ministra en visita en causas de Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, ordenó de inmediato su ingreso a prisión.
Una condena firme, una fuga prolongada
Haase Mazzei, de 80 años, había sido condenado en 2023 por la Corte Suprema a un total de 25 años de cárcel: 15 años por homicidio calificado y 10 años por secuestro calificado. Según el fallo, actuó como autor de los delitos, formando parte de la estructura de mando interna y portando armamento capaz de inferir los traumas y heridas que provocaron la muerte tanto de Jara como de Littré Quiroga Carvajal, entonces director general de Prisiones.
El exmilitar fue condenado junto a otros siete exintegrantes del ejército —Hugo Sánchez, Raúl Jofré, Edwin Dimter, Ernesto Bethke, Juan Jara, Hernán Chacón y Patricio Vásquez— y un encubridor, el oficial Rolando Melo. Chacón se suicidó antes de ser detenido en agosto de 2023. Jofré tampoco concurrió voluntariamente en su momento, aunque Haase Mazzei era el único que aún no cumplía condena.
El crimen, cincuenta años después
Víctor Jara, referente de la «Nueva canción chilena» y profesor de la Universidad Técnica del Estado, fue asesinado el 16 de septiembre de 1973 en el Estadio Chile —hoy rebautizado Estadio Víctor Jara—, apenas cinco días después del golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende. La justicia chilena estableció que fue separado del resto de los casi 5.000 prisioneros retenidos en el recinto, llevado a la zona de los camarines y sometido, junto a Quiroga, a graves agresiones físicas y psicológicas antes de ser ejecutado.
En 2023, Estados Unidos extraditó a Chile al teniente en retiro Pedro Barrientos, condenado en ese país como autor material del crimen y la tortura de Jara y Quiroga.
El dato importa más que el ruido.
La detención de Haase Mazzei cierra, al menos en términos procesales, uno de los expedientes más emblemáticos de la violencia política ejercida durante los 17 años de régimen militar en Chile. El hecho de que un condenado de 80 años haya podido permanecer prófugo durante años en territorio nacional plantea preguntas incómodas sobre la eficacia del aparato estatal para ejecutar sentencias firmes, con independencia de la naturaleza del delito.
Lo que la historia de este caso subraya es un principio elemental: la condena sin cumplimiento es, en la práctica, impunidad diferida. Las instituciones judiciales solo adquieren credibilidad cuando el Estado demuestra capacidad y voluntad de hacer cumplir sus propios fallos. En ese sentido, la detención de este sábado no es un triunfo de la política; es, simplemente, el funcionamiento mínimo exigible del Estado de derecho.
