El Senado de Chile aprobó este martes el último artículo pendiente del megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica impulsado por el gobierno del presidente José Antonio Kast. La votación fue de 27 votos a favor y 22 en contra; la norma requería 26 respaldos para prosperar.
El artículo en disputa establece un mecanismo de compensación fiscal a los municipios que sufrirán una merma en sus ingresos por la exención en el pago de contribuciones a mayores de 65 años. El mecanismo, impuesto por mayoría oficialista en una comisión mixta, garantiza a cada municipalidad mantener los mismos ingresos que tenían antes de la reforma mediante aportes del Tesoro Público.
Los últimos votos en asegurarse fueron los de los senadores Matías Walker, independiente asociado a Evópoli, y Pedro Araya, del PPD, quien volvió a desmarcarse de la oposición. El gobierno había tenido que aplazar la votación originalmente programada para el 22 de julio ante la ausencia y el repentino desmarque de legisladores del propio oficialismo. Las gestiones finales corrieron a cargo de los ministros Jorge Quiroz, Claudio Alvarado y José García, además del propio presidente Kast.
«Chile comienza nuevamente a crecer. Vuelve a abrir las puertas a la inversión, al emprendimiento, al progreso», declaró Quiroz, el ministro de Hacienda, quien fue descrito como el más sonriente de la jornada. Alvarado añadió que «a partir de la aplicación de la ley todos los habitantes de nuestro país, a lo largo y ancho del territorio nacional, van a recibir esos recursos».
La sesión, sin embargo, estuvo lejos de ser una celebración unánime. Alcaldes de bloques rivales ocuparon tribunas separadas y el ambiente se crispó con pifias y aplausos cruzados. La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, del Frente Amplio, increpó a gritos al ministro Quiroz tras la votación, lo que llevó a la presidenta del Senado, Paulina Núñez, a ordenar su desalojo.
Los jefes comunales de oposición calificaron la fórmula como «injusta, desigual y aberrante», argumentando que beneficia desproporcionadamente a municipios con mayor espalda financiera como Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. El senador Diego Ibáñez, del Frente Amplio, sostuvo que «el IVA que pagan los vecinos de Putre, Cabo de Hornos o Isla de Pascua irá a compensar a los 22 mil propietarios que dejarán de pagar impuestos en Las Condes».
La batalla no termina en el hemiciclo. A petición de sus alcaldes, los senadores opositores hicieron reserva de constitucionalidad a través de Claudia Pascual, del Partido Comunista. Solo se necesitan 17 firmas del Senado para presentar un cuarto requerimiento ante el Tribunal Constitucional, instancia que de todos modos debe revisar la norma por tratarse de un cambio a la Ley Orgánica sobre Municipalidades. El jefe de bancada del PS en la Cámara, Raúl Leiva, advirtió que «eventualmente podría haber un cuarto requerimiento respecto de la regla de los tributos municipales». El Ejecutivo, por su parte, anunció que ingresará este miércoles un paquete de vetos para corregir y borrar algunos artículos.
Conviene mirar los incentivos. El mecanismo aprobado hace exactamente lo que un gobierno orientado al crecimiento debería hacer: resguardar la estabilidad fiscal de todos los municipios sin discriminar por tamaño ni ideología, financiando la compensación desde el Tesoro en lugar de redistribuir fondos entre comunas. Que alcaldes de izquierda cuestionen que los contribuyentes de comunas ricas reciban el mismo trato que los de comunas pobres revela una lógica redistributiva que, llevada al extremo, penaliza la eficiencia y la base tributaria que sostiene al propio Estado. El dato importa más que el ruido: la ley ya fue despachada, y el mercado y los inversionistas leerán esa señal antes de que el Tribunal Constitucional emita cualquier fallo.
