El Congreso de Chiapas aprobó este jueves una reforma electoral que obliga a los funcionarios públicos que aspiren a un cargo de elección popular a separarse de su puesto y presentar licencia 90 días antes de la jornada del 6 de junio de 2027. La medida modificó la fracción VI del artículo 40 de la Constitución estatal y varias disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Chiapas.
La 69 Legislatura tramitó el cambio durante un cuarto período extraordinario de sesiones. Abundio Peregrino García, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, y la diputada Getsemaní Moreno Martínez, encargados del dictamen, explicaron que la reforma homologa la norma chiapaneca con la Constitución federal.
Según el dictamen, el objetivo declarado es «garantizar la equidad y los derechos políticos electorales de las personas y la gobernabilidad». Los legisladores sostuvieron que el plazo de 90 días genera «un equilibrio» entre la participación política de los aspirantes y la continuidad de la administración pública, de modo que las autoridades en funciones «pueden concentrarse en cumplir sus responsabilidades» durante buena parte del proceso electoral, mientras la población «mantiene una administración en funciones».
La reforma llega en la antesala de una elección de peso para el estado: el 6 de junio de 2027 los chiapanecos renovarán el Congreso local y elegirán autoridades en 124 ayuntamientos. El dictamen precisa además que el cambio busca «agilizar y flexibilizar los requisitos» de quienes contiendan por un cargo público en la entidad.
El mismo jueves, el Instituto Nacional Electoral en Chiapas informó que prevé instalar alrededor de 7 mil casillas —básicas, contiguas, extraordinarias y especiales— para esa jornada. El organismo señaló que Chiapas es el estado con mayor número de casillas extraordinarias, condición que atribuyó a zonas de difícil acceso y a «problemas sociopolíticos» que a veces complican la concurrencia a votar. El padrón electoral de la entidad se estima en 4 millones 156 mil 696 personas inscritas, con una lista nominal de 4 millones 106 mil votantes.
La norma no es una novedad conceptual: figuras similares de separación del cargo —conocidas coloquialmente como «licencias»— existen en otras entidades y a nivel federal precisamente para evitar que un funcionario en ejercicio utilice recursos, nómina o visibilidad institucional a favor de su propia candidatura. Lo que cambia en Chiapas es el plazo y su anclaje constitucional local, ahora alineado con el criterio federal.
Conviene mirar los incentivos detrás de esta clase de reformas. Una licencia de 90 días es, en teoría, una barrera contra el uso del aparato estatal —vehículos, personal, presupuesto de obra pública, nómina— como plataforma de campaña disfrazada de gestión. Ese es el problema real que este tipo de normas intenta contener en un país donde el oficialismo, en distintos niveles de gobierno, ha sido señalado reiteradamente por utilizar programas sociales y estructuras públicas con fines electorales.
El dato importa más que el ruido del discurso legislativo sobre «equidad»: lo relevante no es la intención declarada en el dictamen, sino si la autoridad electoral y los tribunales locales tendrán capacidad real de vigilar el cumplimiento del plazo y sancionar su violación. Chiapas, con un padrón de más de cuatro millones de electores y la mayor cantidad de casillas extraordinarias del país por sus dificultades de acceso, es precisamente el tipo de entidad donde la fiscalización efectiva —y no solo la letra de la ley— determina si una reforma protege el estado de derecho electoral o queda como una formalidad más en el papel.
La historia sugiere cautela ante reformas electorales aprobadas meses antes de una elección: importa menos el texto que la voluntad política de hacerlo cumplir sin distinción de partido.
