Una semana después de la entrada masiva de migrantes desde Marruecos, Ceuta sigue buscando la normalidad. La magnitud de la crisis se mide en cifras concretas: 80 cadáveres hallados, de los cuales 29 podrán ser identificados mediante huellas y ADN de familiares, según informó la agencia EFE. La ciudad autónoma enfrenta, además, la presencia de 1.200 menores no acompañados en un sistema que Unicef describe como «desbordado» y que reclama protección urgente para esos niños.
El Gobierno transfirió 6,5 millones de euros a Ceuta para reforzar la atención a migrantes. En paralelo, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, mantiene un encuentro por vía telemática con la Delegación del Gobierno en Ceuta para el seguimiento del dispositivo de atención humanitaria. Los pediatras, por su parte, advirtieron que los menores llegados a la ciudad no pueden ser tratados como un «daño colateral» de la gestión política.
El rey recibió al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, en el Palacio de Marivent. Vivas valoró el gesto como «respaldo institucional y moral», según recoge EFE. Mientras tanto, el Partido Popular solicitó la comparecencia en el Congreso del presidente del Gobierno y de cuatro ministros para rendir cuentas por la crisis.
Melilla, que también había sufrido presión en su frontera, transita del sobresalto al alivio relativo, aunque sus autoridades no retiran la vigilancia. La asimetría entre ambas ciudades ilustra la fragilidad estructural de los dos únicos territorios españoles en suelo africano.
España, en ese contexto, roza los 50 millones de habitantes: 10,2 millones de personas nacidas fuera del país, según datos publicados este jueves. La población extranjera crece al doble de velocidad en Asturias y Castilla y León que en Madrid o Cataluña. Ceuta y Melilla figuran, paradójicamente, entre los pocos lugares donde crece la población nacida en España.
Conviene mirar los incentivos. La transferencia de 6,5 millones de euros resuelve una urgencia inmediata, pero no responde a la pregunta de fondo: qué mecanismos de control fronterizo y de gestión ordenada de flujos migratorios garantizan que Ceuta no vuelva a verse desbordada en semanas o meses. El dinero de los contribuyentes puede amortiguar una crisis; no puede sustituir a una política.
El dato importa más que el ruido. Ochenta cadáveres y 1.200 menores solos son el balance humano más inmediato de una frontera que cedió. La discusión sobre comparecencias parlamentarias y transferencias presupuestarias es legítima y necesaria, pero el orden de prioridades exige que la identificación de los fallecidos y la protección de los menores precedan a cualquier otro cálculo. Las instituciones que no garantizan el orden en sus fronteras erosionan, antes que nada, su propia credibilidad.
