La crisis migratoria en Ceuta ha convertido la frontera sur de Europa en el epicentro de una disputa política que amenaza con redefinir el equilibrio interno de la Unión Europea. En las últimas 48 horas, decenas de miles de personas cruzaron a nado desde Marruecos hacia la ciudad autónoma española. Las imágenes recorrieron el mundo: miles de personas agolpadas en el mar —donde ya se han recuperado casi 70 cadáveres, según las fuentes— y más tarde en las calles de Ceuta. Ursula von der Leyen calificó la situación de «inaceptable».
Cuando la situación comenzó a estabilizarse —casi la totalidad de quienes entraron ya ha vuelto a Marruecos, según el Ministerio del Interior español y las instituciones europeas—, el presidente Pedro Sánchez remitió una carta a la presidenta de la Comisión Europea, al presidente del Consejo Europeo, António Costa, y al jefe de Gobierno de Irlanda, que ejerce la presidencia rotatoria del Consejo de Europa. En ella solicitó la convocatoria «con carácter de urgencia» de una videoconferencia extraordinaria de los ministros del Interior de la UE.
Sánchez calificó la reacción de algunos gobiernos europeos de «egoísta, polarizadora e ilegal» y señaló que «en el contexto internacional actual, la Unión Europea no puede permitirse este tipo de reacción». Según la carta, a la que tuvo acceso la agencia EFE, el presidente español consideró que algunos países han actuado «por prejuicio, bulos, ignorancia o interés político» al pedir la exclusión temporal de España del espacio Schengen. Italia anunció la suspensión temporal durante un mes del acuerdo Schengen para España; los líderes de Finlandia y Dinamarca se sumaron a esa petición, aunque sin dar el paso formal.
La respuesta del bloque mayoritario fue inmediata y en sentido contrario. Italia y Dinamarca promovieron una carta firmada por los líderes de otros 20 Estados miembros —Austria, Bulgaria, Croacia, Estonia, Alemania, Hungría, Lituania, Países Bajos, Rumania, Eslovaquia, Bélgica, Chipre, República Checa, Finlandia, Grecia, Letonia, Malta, Polonia, Eslovenia y Suecia— en la que exigen a la UE una respuesta «inmediata y coordinada» ante lo que describen como «instrumentalización de la migración u otras amenazas híbridas». Los firmantes advierten que no pueden permitir que «cruces masivos incontrolados» alimenten la percepción de que es posible ingresar ilegalmente en la Unión y que una entrada ilegal pueda transformarse en una estancia legal. La carta señala además: «Reconocemos que la reciente sentencia del Tribunal Supremo español ha sido aprovechada para desencadenar este ataque y abusar de nuestro sistema de migración y asilo».
El dato importa más que el ruido. Frente a la carta de Sánchez, hay 22 gobiernos que firmaron un documento en dirección opuesta. Esa aritmética no es menor: representa una mayoría cualificada de Estados miembros que, con independencia de sus diferencias internas, coinciden en que el control efectivo de la frontera exterior es condición previa a cualquier debate sobre solidaridad.
Conviene mirar los incentivos. La posición de Sánchez traslada el coste político y fiscal de la gestión migratoria hacia el conjunto de la Unión, mientras que los 22 firmantes señalan que ciertas políticas nacionales —entre ellas, la regularización masiva de migrantes irregulares, citada explícitamente en la carta— pueden actuar como factor de atracción. El principio en juego no es solo humanitario: es quién define las reglas de acceso al territorio europeo y quién asume las consecuencias cuando esas reglas se perciben como negociables. La historia sugiere cautela ante los marcos que convierten la soberanía de fronteras en un problema de solidaridad colectiva.
