El ministro marroquí de Justicia, Ouahbi, encendió esta semana el debate político en Ceuta al asegurar en una entrevista con EFE que Marruecos trata de impedir la salida de inmigrantes hacia España, mientras que quienes logran alcanzar territorio español «son aceptados y pueden ser regularizados». Las declaraciones llegaron tras la entrada masiva registrada el 30 de julio, que el diputado nacional del PP por Ceuta, Celaya, calificó de «acto de guerra híbrida contra España».
Ouahbi fue más lejos y formuló una petición expresa para que España devuelva a los menores marroquíes que permanecen en Ceuta y en otros puntos del país. Celaya coincidió en que España debe estudiar ese retorno cuando se cumplan las condiciones legales, pero subrayó que lo ocurrido va «mucho más allá de una crisis migratoria» y lo vinculó con las aspiraciones marroquíes sobre Ceuta y Melilla.
El PP de Ceuta consideró las palabras del ministro de «enorme relevancia» y reclamó que el Gobierno de España las tome «muy en serio». Los populares ceutíes destacaron que Rabat reconoce públicamente que existe entre quienes intentan entrar irregularmente la percepción de que, una vez en territorio español, existen posibilidades de permanecer. Para el diputado del PP, esa expectativa actúa como incentivo para la inmigración irregular.
Desde el PSOE, el diputado y vicepresidente primero de la Asamblea de Ceuta, León, calificó lo ocurrido de «auténtica vergüenza» y cuestionó que Marruecos pueda ser considerado un socio fiable después de «permitir» la entrada de más de 80.000 personas en la ciudad. León recordó que Ceuta es también frontera de la Unión Europea y reclamó que salgan «todos los que han entrado vulnerando nuestras fronteras».
La diputada de MDyC y vicepresidenta segunda de la Asamblea, Hamed, lamentó que la asistencia social en las barriadas esté recayendo sobre los propios vecinos y cuestionó que las declaraciones de Ouahbi no hayan recibido todavía una respuesta del homólogo español ni se haya anunciado una actuación «contundente» al más alto nivel.
Vox Ceuta rechazó cualquier lectura «ingenua» de las palabras del ministro marroquí y acusó a Marruecos de intentar presentarse como víctima para ocultar su propia responsabilidad. Para esta formación, las declaraciones constituyen incluso una «advertencia» y un «chantaje», al plantear que España no puede depender de que Rabat decida cuándo impedir o permitir la salida de inmigrantes.
El propio Ouahbi planteó la posibilidad de nuevos acuerdos bilaterales para abordar el fenómeno desde su origen y defendió que ambos países deben adoptar decisiones «firmes y valientes».
Conviene mirar los incentivos. Cuando un ministro extranjero señala públicamente que la política de regularización de un país vecino atrae flujos irregulares, no está ofreciendo un análisis académico: está describiendo la arquitectura de incentivos que su propio gobierno conoce y, según varias formaciones ceutíes, utiliza como palanca de presión. El dato importa más que el ruido diplomático: si la expectativa de regularización es real y percibida como tal por quienes intentan cruzar, el problema no se resuelve con más patrullas en la valla, sino revisando el marco legal que genera esa expectativa. La ausencia de una respuesta pública del Gobierno de España a las declaraciones de Ouahbi, señalada por parlamentarios de distinto signo, es en sí misma una señal que los mercados de la presión migratoria saben leer.
