La crisis migratoria en Ceuta lleva más de una semana sin resolución y el cuadro institucional que emerge del Parlamento Europeo es incómodo para el Gobierno de Pedro Sánchez.
El comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, compareció ante la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo y dejó tres datos concretos sobre la mesa. Primero: Frontex «ya está presente en Ceuta». Segundo: las autoridades españolas no han cursado «ninguna solicitud adicional» para ampliar ese apoyo, aunque la Comisión está «preparada para hacer más» si así se requiere. Tercero: Bruselas no ha recibido información del Ejecutivo español sobre una eventual infiltración terrorista entre los migrantes llegados a la ciudad autónoma, ni sobre una posible petición de reubicación de menores no acompañados al amparo del Pacto sobre Asilo y Migración.
El principal mensaje que Madrid trasladó a Bruselas, según el propio Brunner, fue que «el espacio Schengen estará protegido y no se verá afectado». Una garantía de perímetro, no un plan de gestión.
La secretaria general del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, aprovechó la comparecencia del comisario para elevar la presión política. Según Montserrat, más de 5.000 personas que participaron en el asalto permanecen en Ceuta sin que el Gobierno haya identificado su identidad ni trasladado esa información a Europa. «No sabemos si entre ellos hay delincuentes o terroristas, o lobos solitarios y yihadistas», afirmó, atribuyendo esa incertidumbre a «una responsabilidad del gobierno de Sánchez».
Montserrat también criticó que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la titular de Defensa, Margarita Robles, no comparecieran ante el Parlamento Europeo, calificando de «mentira» que el Gobierno esté «trabajando y coordinándose» con la UE. La dirigente del PPE recordó que la crisis ha dejado más de 100 fallecidos y que adultos y menores no identificados permanecen en las calles de la ciudad autónoma. Pidió aplicar la directiva de retornos y devolver a los menores «no vulnerables» a sus familias de origen.
Para Montserrat, el presidente Sánchez «quiere dar por terminada esta crisis como si fuera un hecho aislado», pero la situación continúa afectando a la «seguridad nacional e integridad territorial» de España.
El dato importa más que el ruido. Lo que la comparecencia de Brunner pone en evidencia no es un debate ideológico sobre migración, sino una brecha de gestión: los instrumentos europeos existen, están disponibles y nadie los ha activado formalmente. Frontex opera en Ceuta, pero sin mandato ampliado; el Pacto de Asilo ofrece mecanismos de reubicación de menores, pero nadie los ha solicitado; la Comisión espera una petición que no llega.
Conviene mirar los incentivos. Un gobierno que evita formalizar solicitudes a Europa evita también crear un registro público de la magnitud del problema. La opacidad tiene un coste: mientras Madrid gestiona el relato, Ceuta gestiona la realidad. El orden y la soberanía territorial no se defienden con comunicados; se defienden con instrumentos, coordinación y, sobre todo, con la voluntad política de usarlos.
