El 30 de julio de 2026, lo que había sido una corriente sostenida de migrantes que nadaban desde Marruecos hacia territorio español se convirtió, durante esa jornada y la madrugada siguiente, en lo que las autoridades españolas describen como una avalancha incontrolable. En total, calculan que más de 50.000 personas entraron en Ceuta, el pequeño enclave español en la costa norteafricana con una población permanente de tan solo 84.000 habitantes. Desbordada, la policía permitió el paso e incluso ofreció agua y bocadillos a algunos de los llegados.
El detonante inmediato fue una sentencia del Tribunal Supremo español que dictaminó que la ley de devolución inmediata no se aplica a quienes cruzan por mar, al argumentar que los nadadores no atraviesan técnicamente las barreras fronterizas porque no existe ninguna en el agua. La noticia se difundió con rapidez en redes sociales dentro de Marruecos. El 30 de julio, día festivo en ese país, los guardias fronterizos suspendieron las patrullas, lo que permitió que miles de personas —incluidas familias con niños— rodearan el rompeolas y entraran por el principal punto de cruce. Las autoridades españolas informan que 34 personas murieron mientras nadaban.
El presidente Pedro Sánchez, que en ese momento gestionaba los incendios forestales que han asolado España en julio y se preparaba para las vacaciones de verano, tardó en reaccionar. Voló a Ceuta el 31 de julio, ordenó más patrulleras y mantuvo conversaciones con funcionarios marroquíes. El gobierno afirma que 48.300 personas han regresado a Marruecos, aunque advierte que la deportación del resto podría ser más difícil. Sánchez atribuyó la crisis a las redes de trata de personas; pocos analistas comparten ese diagnóstico sin reservas, dado el historial de tensiones bilaterales. En 2021, Marruecos permitió que unas 8.000 personas entraran a pie en Ceuta en señal de descontento por una decisión española relacionada con el líder del Frente Polisario.
La respuesta europea marca un giro respecto a 2021, cuando la Comisión declaró que «las fronteras españolas son fronteras europeas». Esta vez, la Comisión se ofreció a enviar agentes de Frontex. Italia anunció la suspensión de la cooperación Schengen con España, medida que implicaría controles de pasaportes a los pasajeros que lleguen por barco o avión; Giorgia Meloni, por su parte, pidió la exclusión total de España del espacio Schengen, aunque tal decisión no puede adoptarse contra la voluntad del país afectado. El ministro del Interior francés anunció el endurecimiento de los controles en la frontera con España.
El contexto político interno agrava el cuadro para Sánchez. A principios de 2026 anunció una amnistía para inmigrantes irregulares que las autoridades esperaban afectara a unas 500.000 personas; han recibido 1,2 millones de solicitudes. Meloni ha expresado su indignación por el hecho de que España no consultara a sus socios europeos sobre una medida con efectos en toda la Unión. Varias encuestas indican que la mayoría de los españoles considera que hay demasiados inmigrantes en el país, y deben celebrarse elecciones generales antes del próximo verano.
Conviene mirar los incentivos. Una sentencia judicial que crea una vía legal, combinada con una amnistía que multiplica por más del doble las expectativas del propio gobierno, no es un accidente administrativo: es el resultado predecible de señales de política pública acumuladas durante años. La libre circulación dentro del espacio Schengen exige que cada frontera exterior funcione; cuando un Estado miembro debilita la suya —por acción, por omisión o por ingeniería judicial—, el costo se socializa entre todos sus socios. El dato importa más que el ruido: 50.000 personas en un enclave de 84.000 habitantes en menos de 48 horas no es una crisis de gestión, es el colapso momentáneo de un sistema de control que se había erosionado por dentro. Las imágenes de Ceuta llegan antes que cualquier comunicado oficial, y en un año electoral, eso tiene un precio que ningún spin puede cubrir.
