El 29 de julio, centenares de migrantes nadaron desde la localidad marroquí de Castillejos hacia Ceuta, el enclave español de 20 kilómetros cuadrados en la costa norte de África. En la última semana y media, la ciudad registró la llegada de 2.000 personas, con una media de unas 300 al día, según declaró a TVE el alcalde-presidente Juan Vivas. Dos hombres murieron durante el aluvión del miércoles mientras intentaban entrar a nado.
Vivas no buscó eufemismos: «Estamos en una situación de absoluta emergencia humanitaria y social». Frente al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), según consignó El País, decenas de migrantes improvisan refugios en cunetas y laderas, cuelgan ropa en ramas y duermen a la intemperie.
Del lado marroquí, la situación tampoco es menor. Según pudo comprobar la agencia EFE sobre el terreno, las autoridades de Rabat desplegaron material antidisturbios, gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a una columna humana de más de cinco kilómetros que desbordó a la policía marroquí en Castillejos. Cientos de personas se replegaron hacia el casco urbano con la intención de reintentar el cruce. «Nos han dispersado, pero no vamos a dejar de intentarlo», declaró a EFE un joven marroquí.
El Ministerio del Interior español destacó en un comunicado «la ejemplar colaboración de España con Marruecos en todos los ámbitos, incluido en materia migratoria» y anunció «medidas para la entrega» al país africano de quienes ingresaron ilegalmente «lo antes posible». Sin embargo, el margen legal del Ejecutivo se ha estrechado: a principios de mes, el Tribunal Supremo resolvió que los migrantes interceptados en el mar cuando intentan llegar a Ceuta o Melilla no pueden ser devueltos de forma sumaria —las llamadas «devoluciones en caliente»— bajo el régimen especial de rechazo en frontera de los enclaves.
Ante ese fallo, el Ejecutivo ceutí pretende modificar cuanto antes la Ley de Extranjería para recuperar la figura del rechazo en frontera y trasladar a adultos y menores a otras comunidades autónomas. Marruecos, por su parte, no reconoce oficialmente a Ceuta ni a Melilla como territorio español y a menudo las califica de tierras ocupadas, lo que añade una capa de tensión diplomática estructural a cada crisis migratoria. La ruta hacia las Islas Canarias sigue siendo la alternativa preferida para quienes buscan pisar suelo comunitario; en los últimos meses, esa travesía dejó 60 cadáveres recuperados en el mar.
Conviene mirar los incentivos. El Tribunal Supremo, con una sentencia bienintencionada desde el punto de vista garantista, ha eliminado de facto el único mecanismo disuasorio inmediato con que contaba el Estado español en sus enclaves africanos. El resultado es predecible: si la llegada ilegal no tiene consecuencia operativa, la presión sobre Ceuta solo puede crecer. El contribuyente español —y, por extensión, el europeo— financia una infraestructura de acogida que el propio alcalde describe como desbordada, mientras el marco jurídico vigente impide actuar con la celeridad que la situación exige. La historia sugiere cautela: la comparación con la crisis de 2021, cuando llegaron hasta 5.000 personas en un solo día, recuerda que los picos migratorios responden a señales, y la señal que hoy emite Madrid no es precisamente de frontera firme.
