La mayoría de las decenas de miles de migrantes que llegaron nadando al enclave español de Ceuta ya regresaron a Marruecos, escoltados hasta la frontera por soldados y policías españoles. El éxodo dejó un saldo de muertos que las fuentes cifran de manera dispar: al menos 67 según una versión, al menos 72 según otra; en cualquier caso, decenas de cuerpos recuperados del mar entre flotadores y aletas abandonados.
Lo que desencadenó la afluencia sigue sin respuesta clara. Las fuentes apuntan a dos hipótesis que no se excluyen: publicaciones en redes sociales que prometían un paso fácil hacia Europa y que se volvieron virales, o una operación más deliberada. Los propios migrantes mostraron a periodistas cuentas con mensajes como «España está abierta» y vídeos de jóvenes con trajes de neopreno saltando al mar. Algunas de esas cuentas llevaban apenas unas semanas activas y acumulaban decenas de miles de «me gusta».
El presidente Pedro Sánchez señaló como posible catalizador una sentencia reciente del Tribunal Supremo de España que establece que quienes entren por vía marítima no pueden ser devueltos de forma inmediata, y acusó a traficantes de personas de haber tergiversado esa información. Sin embargo, la mayoría de quienes cruzaron eran ciudadanos marroquíes que conocen bien la ruta y no necesitaron intermediarios.
Sánchez también criticó duramente a varios miembros de la Unión Europea por «atacar» a España en lugar de solidarizarse. La primera ministra italiana Giorgia Meloni anunció la suspensión del acuerdo Schengen entre Italia y España alegando una amenaza a la seguridad, aunque las propias fuentes advierten que Ceuta no pertenece a la zona Schengen, por lo que los migrantes marroquíes no habrían podido acceder a Europa continental sin controles de todos modos. La medida de Meloni, en ese contexto, tiene más lectura electoral que operativa: su coalición pierde terreno frente a un partido antiinmigrante y las elecciones se acercan.
Casi dos docenas de jefes de Estado de la UE firmaron la petición italiana para una reunión urgente de ministros del Interior el próximo martes, exigiendo eliminar los «factores de atracción» de migrantes. La referencia principal era la decisión española de permitir que cientos de miles de inmigrantes indocumentados regularizaran su estatus, aunque esa medida ya había concluido antes de los hechos de Ceuta.
Marruecos atribuyó la crisis a «organizaciones criminales», pero las fuentes señalan que sus guardias fronterizos debieron haber observado la concentración de multitudes. Sánchez calificó a Rabat de «buen aliado» y evitó cualquier señalamiento directo, actitud que sus críticos describen como apaciguamiento. En paralelo, el presidente Donald Trump habló de «catástrofe» e «invasión», y Rusia celebró la división europea.
Mientras tanto, España amplía la valla fronteriza hacia el mar y despliega boyas naranjas patrulladas por embarcaciones. Los viajeros procedentes de España con destino a Italia enfrentarán controles aleatorios de documentos durante varias semanas.
Conviene mirar los incentivos. La crisis de Ceuta ilustra con precisión el costo de la ambigüedad normativa: una sentencia judicial que restringe las devoluciones inmediatas, combinada con señales de regularización masiva, genera expectativas que los algoritmos de las redes sociales amplifican en horas. El resultado no lo pagan los gobiernos que diseñan esas políticas, sino los jóvenes que se lanzan al mar persiguiendo una promesa falsa y los ciudadanos europeos que absorben la inestabilidad política resultante.
El dato importa más que el ruido. La pregunta que los ministros del Interior deberán responder el martes no es ideológica: es de diseño institucional. Fronteras sin consecuencias creíbles no son fronteras; son invitaciones. Y las invitaciones, como demostró Ceuta esta semana, se viralizan.
