Los centros de datos se han convertido en el nuevo enemigo predilecto del activismo climático. Legisladores demócratas en Albany aprobaron este mes una moratoria de un año a la aprobación de grandes centros de datos, la primera de este tipo en el país, tras protestas que denuncian consumos «desorbitados» de agua y electricidad para alimentar la inteligencia artificial.
Los números disponibles cuentan otra historia. Según la Taxpayers Protection Alliance, los centros de datos consumieron apenas el 0,2% del agua y el 3,5% de la electricidad del estado de Nueva York en 2025. A escala nacional, el Lawrence Berkeley National Laboratory calculó que el consumo de agua de estas instalaciones en 2023 fue de 17.400 millones de galones, una cifra que las piscinas superan con 200.000 millones de galones anuales y los campos de golf con 476.000 millones.
David Mytton, investigador de computación sostenible en la Universidad de Oxford, sostiene que «la gente tiende a fijarse en números muy grandes» que «suenan enormes por sí mismos» pero carecen de contexto. Según sus cálculos, los centros de datos representan menos del 1% del consumo de agua en Estados Unidos, mientras la agricultura absorbe alrededor del 80%.
En electricidad, la Lawrence Berkeley Lab estima que estas instalaciones usarán 270 teravatios-hora (TWh) en 2026 en Estados Unidos, ligeramente menos que el alumbrado residencial y comercial del país y equivalente al 60% de los 437 TWh que consumen los aires acondicionados. El total nacional consumido en 2025 fue de 4.200 TWh.
Parte del pánico se alimentó de una estadística errónea. Un centro de datos en Chile, citado en el libro «Empire of AI» de la periodista Karen Hao, exageró el consumo de agua por un factor de 1.000, según reconoce la propia autora. Jonathan Koomey, investigador que estudia el consumo eléctrico de estas instalaciones desde hace décadas, advierte además que las proyecciones de crecimiento futuro «pueden estar sobreestimadas por un factor de tres a cinco», en parte por errores de doble contabilización de instalaciones.
«Si tuviera que elegir una sola causa de que la gente crea que esto es más grave de lo que es, el problema del doble conteo es la principal», afirmó Koomey. El investigador sospecha además que actores estatales extranjeros alimentan el descontento para frenar el avance de Estados Unidos en inteligencia artificial: «Hay actores estatales cuyo objetivo es simplemente generar disensión dentro de Estados Unidos».
Ross Marchand, director ejecutivo de la Taxpayers Protection Alliance, resume el fenómeno en clave política: «Todos estos políticos quieren ser populistas y todos quieren un chivo expiatorio; los centros de datos son solo el último ejemplo». Según Marchand, los legisladores explotan el miedo público para «sembrar división» y movilizar apoyo.
Ni Mytton ni Koomey niegan que existan impactos locales legítimos. Mytton reconoce que estas instalaciones «pueden cambiar el carácter de comunidades rurales» y ser especialmente gravosas en zonas con acceso limitado al agua, aunque insiste en que «ninguno de estos problemas es insuperable» si hay diálogo con la comunidad afectada. Empresas como Amazon reportan avances medibles: la compañía usó 2.500 millones de galones de agua en sus centros de datos en 2025 y afirma estar en el 75% del camino hacia ser «hídricamente positiva» en 2030.
El dato importa más que el ruido. La moratoria neoyorquina no responde a una crisis de recursos verificada sino a una ansiedad difusa sobre lo que la inteligencia artificial hará con la economía y el empleo, canalizada hacia un objetivo tangible y fácil de regular. El costo de esa política no lo pagan los activistas: lo pagan los inversores que postergan proyectos, los trabajadores que no verán esos empleos y, en última instancia, el liderazgo estadounidense en la carrera tecnológica frente a China. Conviene mirar los incentivos: cuando la política se mueve más rápido que la evidencia, el resultado casi nunca es mejor regulación, sino menos inversión.
