Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, respondió a la creciente oposición vecinal contra los centros de datos de inteligencia artificial con una propuesta territorial: construirlos lejos de las zonas pobladas. "Debemos ser respetuosos con lo que quieren las comunidades", afirmó en una entrevista con la revista Time.
El planteamiento surge en un momento de tensión creciente entre la demanda de cómputo que exige la carrera por la IA y la resistencia de comunidades en Estados Unidos y Europa. Altman argumentó que Estados Unidos tiene extensión suficiente para hallar terrenos de escaso uso y poca población, y que, a diferencia de otras infraestructuras industriales, los centros de datos pueden procesar información en un punto y enviar los resultados a cualquier usuario mediante redes digitales.
El ejecutivo comparó el rechazo actual con la resistencia histórica a las centrales nucleares, aunque señaló una diferencia clave: la infraestructura digital ofrece más flexibilidad para separar el lugar de construcción del lugar donde se presta el servicio.
El origen del conflicto está en la escala de estos proyectos. Según Emmanuel Ferrario, columnista de Infobae en Vivo, un centro de datos mediano puede consumir a diario recursos equivalentes a los de una ciudad de entre 30.000 y 50.000 habitantes, tanto en electricidad como en agua. A ese consumo se suman quejas por el ruido de los generadores, la ocupación de suelo, los residuos electrónicos y el temor a mayores tarifas eléctricas.
La respuesta regulatoria ya es significativa. En Estados Unidos operan 5.500 centros de datos, con una proyección de sumar cerca de 4.000 más en tres años, aunque la construcción avanza por debajo de ese ritmo por falta de mano de obra, problemas de suministro, escasez de chips y limitaciones en la capacidad eléctrica. El dato más relevante para el sector: 42 de los 50 estados del país ya tienen normas que limitan o condicionan estos proyectos, con Nueva York y Texas entre los territorios que han debatido o aplicado restricciones.
En Europa el enfoque varía según la matriz energética de cada país. Francia, con mayor disponibilidad de energía nuclear, enfrenta el debate desde una posición distinta a la de Alemania, que ha optado por reglas para aprovechar el calor residual de estas instalaciones en sistemas de calefacción urbana.
Conviene mirar los incentivos. La resistencia vecinal a los centros de datos no es un capricho: refleja una reacción legítima ante costos reales —consumo de agua, presión sobre la red eléctrica, ruido— que antes las empresas no siempre internalizaban. El mercado ya está corrigiendo parte de ese desajuste: si una comunidad no quiere la instalación, el desarrollador tiene incentivos para buscar otro terreno, tal como sugiere Altman, sin necesidad de que el Estado dicte dónde y cómo se construye cada planta.
El riesgo está en el otro extremo. Que 42 de los 50 estados ya condicionen o restrinjan estos proyectos es una señal de alarma para la inversión: cuando la respuesta a un problema de externalidades se convierte en un mosaico de normas estatales impredecibles, el costo no lo paga solo el sector tecnológico, sino la economía que depende de la infraestructura digital que sostiene la IA. La solución de mercado —alejar las plantas, invertir en redes de transmisión, negociar con las comunidades— es preferible a la tentación regulatoria de frenar por decreto una industria que, mal que bien, sigue siendo motor de inversión y empleo en las regiones que la reciben.
El dato importa más que el ruido: la demanda de cómputo no va a detenerse, y la pregunta real no es si se construyen más centros de datos, sino si Estados Unidos y Europa dejarán que el mercado decida dónde, o si la maraña regulatoria terminará exportando esa inversión a jurisdicciones más permisivas.
