La diputada local del PT Jannete Guerrero presentó ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa de Ley de Muerte Digna que instaura la eutanasia, la asistencia médica para morir y la sedación paliativa como derechos reconocidos en la capital.
El texto, turnado a comisiones, permite que la persona solicitante elija entre la eutanasia o la asistencia médica para morir, siempre que la modalidad resulte médicamente procedente según sus condiciones clínicas.
Los requisitos son estrictos en apariencia: ser mayor de edad, tener capacidad para comprender la información y expresar una decisión libre, formular una solicitud «libre, expresa, inequívoca, informada y reiterada», contar con diagnóstico de enfermedad grave e incurable o padecimiento crónico imposibilitante, y experimentar sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable.
La propuesta exige además que el paciente haya recibido información completa sobre diagnóstico, pronóstico, alternativas terapéuticas y cuidados paliativos, y que cuente con la valoración favorable del médico tratante y de un médico consultor independiente. La voluntad debe ratificarse inmediatamente antes del procedimiento.
El texto instruye a verificar que la decisión «no sea resultado de violencia, amenaza, presión, manipulación, engaño, influencia indebida o interés económico, familiar, sucesorio o institucional». Para ello, cada hospital de la Ciudad de México deberá crear un Comité de Evaluación de la Asistencia Médica para una Muerte Digna, encargado de analizar cada solicitud.
La iniciativa también introduce la sedación paliativa, definida como la administración proporcional de medicamentos para disminuir el nivel de conciencia y aliviar síntomas refractarios, y contempla la objeción de conciencia para médicos y enfermeras cuya participación resulte contraria a sus convicciones éticas o religiosas. El personal de salud que intervenga en el procedimiento no incurrirá en responsabilidad por ese solo hecho.
«Esta iniciativa no es contra la vida; es una iniciativa a favor de la dignidad. No busca convencer a nadie de morir o imponer una visión moral sobre otra, se trata de reconocer el legítimo derecho sobre nuestro cuerpo», afirmó Guerrero al defender el proyecto.
El planteamiento se apoya en un principio genuinamente liberal: la propiedad sobre el propio cuerpo y la autonomía individual frente a decisiones que, hasta ahora, quedaban fuera del marco legal. En ese sentido, la iniciativa reconoce algo que el Estado mexicano rara vez concede: un espacio de libertad personal sin tutela previa.
Pero el diseño institucional que la acompaña merece una lectura más cautelosa. La ley no se limita a despenalizar una decisión privada; crea un aparato de comités hospitalarios, valoraciones cruzadas y verificaciones burocráticas que, en la práctica, trasladan la decisión final del paciente a un cuerpo colegiado de funcionarios y médicos designados por el sistema público. Conviene mirar los incentivos: cuanto más comités y validaciones se interponen entre la voluntad del paciente y el acto médico, mayor es el margen de discrecionalidad institucional sobre un asunto que la propia autora describe como «el ámbito más íntimo» de la existencia.
La objeción de conciencia incluida es un contrapeso razonable, y su presencia evita que la ley se convierta en una imposición unilateral sobre el personal médico. Pero el hecho de que la iniciativa provenga del PT, socio de la coalición gobernante en la capital, recuerda que estas reformas no ocurren en el vacío: forman parte de una agenda legislativa más amplia que amplía las facultades del aparato estatal capitalino, esta vez sobre una de las decisiones más personales que puede tomar un ciudadano. El dato importa más que el ruido: habrá que observar, en el debate en comisiones, si la nueva burocracia sanitaria protege la autonomía que dice defender o termina administrándola.
