El nombre de Yamith Beltrán circula con urgencia en el corregimiento de Cuturú, zona rural de Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño. Fue secuestrado durante una incursión armada ocurrida en los últimos días, un ataque que además dejó una persona asesinada. Desde entonces, sus allegados no han recibido información oficial sobre su estado de salud ni sobre el lugar donde permanece retenido.
Las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 50 millones de pesos para facilitar la captura de los responsables y ubicar al empresario minero. La Fiscalía General de la Nación indicó que designó un fiscal especializado que, en coordinación con la Policía Judicial, liderará las investigaciones para lograr su regreso y capturar a los responsables.
Beltrán no es un nombre desconocido en Cuturú. En una región donde la minería constituye la principal actividad económica, construyó durante años una trayectoria estrechamente ligada a ese sector. Algunas versiones señalan que los proyectos mineros vinculados a él han permitido el sustento de alrededor de una treintena de hogares, razón por la que su desaparición generó preocupación no solo entre sus allegados, sino también entre trabajadores y vecinos.
Quienes lo conocen lo describen como una persona cercana, sencilla y con profundas convicciones religiosas. «Es una gran persona. Aquí se le conoce por su don de servicio, y es muy triste que este tipo de cosas le pasen a gente tan buena», dijo uno de los habitantes de Cuturú, según recoge la fuente.
Ese reconocimiento se tradujo en movilización. El fin de semana pasado, decenas de habitantes salieron a las calles del corregimiento vestidos con camisetas blancas, portando globos del mismo color y elevando oraciones para pedir su liberación. Durante el recorrido predominó el silencio, acompañado por plegarias y mensajes de esperanza. El mensaje fue uno solo: solicitar un gesto humanitario que permita su regreso a casa.
El caso ilumina una tensión estructural que el Bajo Cauca antioqueño conoce bien. La minería sostiene el tejido económico de comunidades enteras; cuando la violencia golpea a quienes la impulsan, el daño no se mide solo en términos individuales, sino en los ingresos de las familias que dependen de esa cadena productiva. Beltrán representa, en ese sentido, algo más que un empresario: es el nodo visible de una economía local que funciona sobre la base de la libre empresa y el trabajo.
Conviene mirar los incentivos. El secuestro de un empresario minero con arraigo comunitario no es un hecho aislado: es un mensaje dirigido a quienes generan riqueza en territorios donde el Estado compite con actores armados por el control del orden. La respuesta institucional —fiscal especializado, recompensa, coordinación con Policía Judicial— es el mínimo esperado. Lo que está en juego, más allá del caso Beltrán, es si las condiciones de seguridad jurídica y física en zonas productivas como Cuturú permiten que la libre empresa sobreviva como alternativa real frente a la economía de la violencia.
