El verano de 2026 ha concentrado inundaciones, incendios, sequías y terremotos en todos los continentes, dejando miles de muertos y sociedades devastadas, según el columnista Omar Cepeda en El Financiero. El episodio más reciente fue un terremoto en Colombia cuya devastación, según el mismo texto, dejó en claro que el país no estaba preparado para prevenir ese tipo de episodios.
El telón de fondo es conocido. La ONU sostiene que las actividades humanas desde el siglo XIX «han sido el principal motor del cambio climático, debido principalmente a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas». La misma organización advierte que más del 70% de la población activa del planeta corre un alto riesgo de sufrir calor extremo, y que bajo las políticas actuales se prevé un aumento de temperatura de 2,8 °C para finales del siglo XXI, muy por encima del límite de 1,5 °C que los propios organismos multilaterales fijaron como umbral crítico.
El «Informe Planeta Vivo 2024» de WWF añade otro dato de peso: un declive del 73% en la abundancia poblacional de mamíferos, reptiles, aves, peces y anfibios monitoreados entre 1970 y 2020. La ONU identifica a siete países como los mayores emisores de gases de efecto invernadero: China, Estados Unidos, India, la Unión Europea, Indonesia, Rusia y Brasil.
En 2022, el secretario general de la ONU, Guterres, propuso garantizar que a finales de 2027 los habitantes de la Tierra estuvieran protegidos mediante sistemas de alerta temprana. A un año de esa meta, el columnista concluye que poco se ha avanzado. El huracán Otis, que en octubre de 2023 pasó de tormenta tropical a categoría 5 en cuestión de horas y golpeó Acapulco, ilustra el costo de llegar desprevenidos: miles de personas tomadas por sorpresa sin protección suficiente.
México, señala el texto, ha desarrollado mecanismos como alertas sísmicas y protocolos de construcción, experiencia acumulada «a golpes de sufrimiento». La coordinación entre países para pasar de una gestión reactiva a una preventiva sigue siendo, sin embargo, una asignatura pendiente.
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Conviene mirar los incentivos. El diagnóstico sobre el cambio climático que ofrecen organismos como la ONU y la WWF es, en sus cifras, lo que las fuentes documentan; el dato importa más que el ruido ideológico en cualquier dirección. Lo que sí merece escrutinio es la arquitectura de respuesta: décadas de cumbres, compromisos y metas móviles han producido una burocracia climática de proporciones considerables y resultados modestos. La meta de Guterres para 2027 es un ejemplo clásico: anunciada con urgencia en 2022, hoy acumula retraso sin que ningún mecanismo de rendición de cuentas obligue a los firmantes a responder por ello.
El libre mercado y la innovación tecnológica —no los acuerdos multilaterales que se incumplen en silencio— han sido históricamente los vectores más eficaces para reducir emisiones por unidad de producto. La transición energética avanza donde los incentivos económicos la hacen rentable, no donde los gobiernos la decretan. Mientras los siete mayores emisores no alineen sus intereses nacionales con soluciones de mercado verificables, el ciclo de catástrofes, declaraciones y metas postergadas seguirá siendo el único calendario que se cumple con puntualidad.
