Florencia Carignano, extitular de Migraciones durante la administración de Alberto Fernández, cuestionó con dureza la afirmación de Javier Milei de que su gobierno habría «deportado 20.000 terroristas» en lo que va de 2026.
Según Carignano, la cifra es «delirante» y mezcla categorías distintas. Sostuvo que muchos de los casos que engrosan los registros migratorios corresponden a rechazos en frontera por documentación falsa, falta de boleto de regreso, ausencia de visa u otras causales administrativas, no a personas identificadas como terroristas.
El contraste central está en los datos oficiales. De acuerdo con el Ministerio de Seguridad, en lo que va de 2026 hubo 744 «expulsiones» y 18.947 «incidentes de entrada» de personas a las que, por razones legales o administrativas, no se les permitió ingresar al país. En esas estadísticas, no aparece la categoría de «terroristas».
Milei había afirmado el domingo en LN+ que su Gobierno deportó 20.000 terroristas y que eran personas que «se infiltra[n] de otros países para venir a tratar de dinamitar el modelo argentino». Carignano respondió que, si esa magnitud fuera cierta, habría debido activarse una alarma nacional y una intervención judicial mucho más clara.
La exfuncionaria también señaló que, si se tratara realmente de terroristas, no bastaría con expulsarlos en forma administrativa. Según su planteo, primero debería existir una denuncia, una investigación judicial y una fundamentación precisa para sostener una acusación de esa gravedad.
En ese marco, recordó que el jefe de la SIDE, Cristian Auguadra, negó hace un mes ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de Actividades de Inteligencia que se hubiese registrado alguna amenaza terrorista concreta sobre el país. Ese dato agranda la brecha entre el relato presidencial y lo que reportan las áreas de seguridad e inteligencia.
El diputado Maximiliano Ferraro también pidió acceso a la información pública y presentó un pedido de informes al Ministerio de Seguridad y a la Dirección Nacional de Migraciones para aclarar cuántas personas fueron efectivamente expulsadas, por qué causales y cuántas, si alguna, tenían imputación o condena vinculada con terrorismo.
Carignano, además, acusó al Presidente de usar este tema para desviar la atención de los malos datos económicos y del deterioro social. Dijo que Milei arma un «jueguito» para distraer mientras «el modelo económico se cae a pedazos», una formulación que mezcla disputa política con una crítica de fondo al estado de la economía.
Conviene mirar los incentivos. Cuando una administración convierte controles migratorios ordinarios en una narrativa de guerra contra el terrorismo, el costo recae sobre la precisión institucional y sobre la confianza pública. Si los números no se sostienen, la frontera entre seguridad y propaganda se vuelve demasiado porosa.
También importa el principio de responsabilidad estatal. Un gobierno que habla de miles de terroristas tiene la carga de probarlo con datos, procedimientos y expedientes, no con consignas. En materia de orden y seguridad, la exageración puede ser tan dañina como la inacción: erosiona la credibilidad del Estado y desordena el debate sobre políticas reales.
