Las autoridades investigan el hallazgo del cuerpo de Ana Lucía González Mendoza, una niña de 8 años encontrada sin vida en una alcantarilla de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, después de que su familia reportara su desaparición el lunes 14 de septiembre en Mosquera, Cundinamarca.
José Rojas Larez fue capturado como principal sospechoso. Las autoridades lo señalan como el presunto responsable del asesinato de la menor, y quedó a disposición de la justicia. El caso, además, podría derivar en cargos por feminicidio, de acuerdo con lo informado por las autoridades citadas.
La Alcaldía de Mosquera activó el Mecanismo de Búsqueda Urgente bajo la Alerta Rosa tras conocer la desaparición. Desde allí comenzó una reconstrucción apoyada en cámaras de seguridad, que permitió ubicar a la niña hacia las 10:30 a. m. en Porvenir Río y seguir parte de su trayecto hacia Bogotá.
El alcalde de Mosquera, Nelson Parra, explicó que el sistema de vigilancia Escudo Comunal identificó el movimiento de una motocicleta que salió del barrio con la menor a bordo. «Hemos logrado en la reconstrucción evidenciar que del barrio sale una motocicleta en la que va una menor de parrillera», señaló.
Según Parra, el vehículo avanzó por el corredor de la calle 13, ingresó a Fontibón y llegó a un sector conocido como Casandra. Allí, dijo, se perdió parte de la secuencia porque faltan imágenes suficientes para completar el recorrido. «Ingresan a un punto en donde no hemos logrado obtener de la mejor manera las cámaras», explicó.
Las imágenes disponibles muestran que la motocicleta permaneció cerca de tres minutos en ese punto y luego salió sin la niña, conocida en el municipio como Roxana. Después, regresó a Porvenir Río en unos siete minutos, de acuerdo con la reconstrucción divulgada por la Alcaldía.
La alerta formal por desaparición se generó cerca de la una de la tarde, cuando un familiar acudió a las autoridades. Para entonces, la administración municipal ya había iniciado la búsqueda. En un primer momento, la Alcaldía pensó que la menor había sido arrojada al río Bogotá, debido a la cercanía del lugar donde la motocicleta permaneció detenida.
Esa hipótesis no explicó el hallazgo posterior en Ciudad Bolívar. La investigación deberá establecer qué ocurrió en el tramo sin registros en Fontibón y cómo terminó el cuerpo en el sur de Bogotá. La Alcaldía indicó que el caso quedó bajo la conducción de la Policía Judicial de Bogotá y que seguirá colaborando con las autoridades.
Una familiar acudió a Medicina Legal y confirmó de forma preliminar la identidad de Ana Lucía tras el hallazgo. Las autoridades capturaron a Rojas Larez frente a la Unidad de Reacción Inmediata de Paloquemao, adonde había llegado para rendir indagatoria por la desaparición.
El episodio comenzó en Mosquera, donde la niña pasaba unas vacaciones junto a su hermana antes de volver a Venezuela. La menor, de nacionalidad venezolana, debía regresar a su país para retomar sus estudios de cuarto grado. El lunes 14 de septiembre, una discusión dentro del apartamento de la hermana de la niña habría derivado en daños en la vivienda; el enfrentamiento, al parecer, se produjo por celos entre la mujer y su pareja.
Conviene mirar los incentivos: cuando una red de cámaras logra rastrear una ruta pero no impedir el desenlace, el problema no es solo policial, sino institucional. La seguridad no se mide por la cantidad de dispositivos instalados, sino por la capacidad del Estado para reaccionar a tiempo y cerrar los vacíos entre municipios, alcaldías y jurisdicciones.
También hay una lección incómoda para la burocracia: el dinero de los contribuyentes no compra orden por sí solo. Si la vigilancia no se traduce en prevención, coordinación y captura oportuna, el aparato estatal queda reducido a registrar tragedias ya consumadas. El dato importa más que el ruido, y aquí el dato es brutal: una niña desapareció en un municipio, apareció muerta en otro y entre ambos puntos hubo un tramo que nadie pudo reconstruir a tiempo.
