Las instalaciones de Canal Once fueron recuperadas la tarde del domingo 2 de agosto, luego de permanecer ocupadas desde el 21 de mayo por un grupo de estudiantes y docentes del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Según Mario Delgado —funcionario que compareció ante la conferencia matutina de la Presidencia en representación de la Secretaría de Educación Pública (SEP)— la directora del canal, Renata Turrent, encabezó la recuperación del inmueble «de manera pacífica».
Al momento del desalojo, según la versión oficial, permanecían seis jóvenes dentro del inmueble, quienes fueron invitados a salir. Acto seguido se aseguraron las puertas y se dio aviso al Ministerio Público y a un notario público para certificar el estado de las instalaciones. Sin embargo, los propios estudiantes cuestionaron esa versión en conferencia de prensa y acusaron, según sus declaraciones, haber sido desalojados mediante un operativo con empujones y daños en los accesos. Ambas versiones permanecen sin conciliación independiente.
En una primera revisión, Delgado reportó daños «a simple vista» en el archivo audiovisual del canal, que resguarda más de 70 años de contenidos. El funcionario describió material fuera de su lugar y «desordenado» en el piso, aunque advirtió que aún no existe una evaluación técnica completa que determine la magnitud del daño. Se anunció un inventario y una revisión de infraestructura para cuantificar las afectaciones.
La presidenta Claudia Sheinbaum prevé la apertura de carpetas de investigación en caso de confirmarse afectaciones al patrimonio de la nación, conforme a lo declarado en la misma conferencia. Delgado añadió que, de acuerdo con las indagatorias que pudiera iniciar la Fiscalía, se buscaría determinar el origen de los recursos con los que presuntamente contaban los jóvenes que permanecieron en el inmueble —señalamiento que no fue respaldado con datos concretos durante la conferencia.
Pese a la recuperación física del espacio, tanto Canal Once como la SEP subrayaron que las mesas de diálogo con estudiantes y autoridades del IPN continuarán en los próximos días. Delgado explicó que las demandas del pliego petitorio estudiantil no guardan relación directa con la ocupación del canal, razón por la cual desde un inicio se solicitó la devolución del inmueble. Canal Once no interrumpió transmisiones durante los 74 días de ocupación gracias al apoyo de instalaciones alternas de la SEP, y desde el 2 de agosto reanudó operaciones desde su sede original.
Conviene mirar los incentivos. Una ocupación de más de dos meses sobre un canal público —financiado con dinero de los contribuyentes— que termina con daños en un acervo audiovisual de siete décadas ilustra el costo concreto que el aparato estatal mexicano está dispuesto a tolerar antes de actuar. El dato importa más que el ruido: no fue la firmeza institucional lo que resolvió la situación, sino el desgaste. Que las carpetas de investigación sean todavía una expectativa y no una realidad consumada, y que el origen de los recursos de los ocupantes siga sin confirmación oficial, dice más sobre el estado de derecho en México que cualquier declaración de la mañanera.
