El Gobierno canadiense anunció que excluirá de forma indefinida el acceso a la asistencia médica para morir cuando la única condición médica subyacente del paciente sea una enfermedad mental. La medida deja sin efecto la entrada en vigor prevista para marzo de 2027.
El ministro de Justicia, Sean Fraser, dijo que el Ejecutivo presentará este otoño una reforma legislativa para modificar el Código Penal y mantener la exclusión sin fijar una nueva fecha para su levantamiento. Fraser afirmó en el Parlamento que «Canadá ha tomado la decisión de no seguir adelante con la ampliación» de la eutanasia para los casos en los que «la enfermedad mental sea la única base».
Según Fraser, la decisión responde a dos problemas concretos: deficiencias en el acceso a servicios de salud mental en algunas comunidades y falta de consenso médico sobre cuándo una enfermedad mental puede considerarse irremediable. Conviene mirar los incentivos. Cuando el Estado abre una puerta tan delicada, la calidad de sus salvaguardas importa tanto como la intención política.
La decisión sigue la recomendación formulada en junio por un comité especial de diputados y senadores, que pidió excluir indefinidamente a las personas cuya única condición médica subyacente sea una enfermedad mental. El Gobierno, además, quiere abrir la puerta a las solicitudes anticipadas de MAID para personas que, tras recibir el diagnóstico de una enfermedad grave e incurable que previsiblemente les hará perder la capacidad para consentir, quieran dejar constancia de su voluntad antes de esa incapacidad.
La provincia de Quebec ya permite este tipo de solicitudes anticipadas en determinadas circunstancias. Fraser también señaló que el proyecto de ley incluirá disposiciones relativas a esas peticiones y que Canadá solo permitiría la eutanasia en provincias que legislen su acceso para personas «que padezcan enfermedades incurables y sufran un dolor insoportable» y donde existan garantías rigurosas.
El cambio legislativo previsto modificaría el Código Penal para garantizar que los médicos que cumplan los criterios establecidos para la eutanasia no sean procesados como delincuentes. Canadá legalizó la asistencia médica para morir en 2016 y en 2021 amplió el acceso a personas cuya muerte natural no fuera razonablemente previsible, después de que el Tribunal Superior de Quebec declarara inconstitucional el requisito federal que excluía de la MAID a pacientes con enfermedades graves e incurables que no estuvieran próximos a la muerte.
La exclusión de los casos basados exclusivamente en enfermedades mentales ya había sido aplazada antes, primero hasta 2023 y luego en dos ocasiones, la última hasta el 17 de marzo de 2027. Ottawa decide ahora no seguir adelante con esa ampliación y mantener la barrera sin fecha de caducidad. El dato importa más que el ruido: el Ejecutivo preserva una línea roja en una materia donde el margen de error institucional es mínimo.
Para la salud pública, la prudencia tiene un valor evidente. Para el Estado de derecho, también. Una política de eutanasia que pretende ser estable necesita reglas claras, evaluación seria y límites comprensibles. Cuando faltan consenso médico y acceso suficiente a atención de salud mental, la cautela no es un gesto político; es una exigencia de responsabilidad.
En términos más amplios, la medida confirma un principio que a menudo se pierde en los debates identitarios: no toda ampliación de derechos se fortalece por mera acumulación de supuestos. A veces, el buen gobierno consiste en contener una expansión hasta que existan garantías reales. Esa es la frontera que Ottawa, al menos por ahora, ha optado por no cruzar.
