Andy Burnham asumió este lunes como primer ministro del Reino Unido. El rey Carlos III le encargó formar Gobierno tras la renuncia de Keir Starmer, quien abandona Downing Street apenas dos años después de la victoria electoral que devolvió al Partido Laborista al poder.
La herencia no es cómoda. El nuevo jefe de Gobierno recibe una economía de escaso crecimiento, un costo de vida elevado y niveles altos de deuda pública. Las reglas presupuestarias vigentes obligan al Gobierno a equilibrar gasto y recaudación. El margen de maniobra fiscal es estrecho desde el primer día.
A ese cuadro interno se añaden presiones externas. La volatilidad de los precios energéticos —atribuida a la guerra entre Estados Unidos e Irán— y la incertidumbre derivada de la política exterior del presidente Donald Trump complican cualquier proyección de crecimiento a corto plazo.
El desafío político más inmediato tiene nombre propio: Reform UK. El partido liderado por Nigel Farage creció con un discurso centrado en la inmigración irregular, incluida la llegada de migrantes en pequeñas embarcaciones a través del Canal de la Mancha. Las encuestas actuales sitúan a Reform UK con posibilidades reales de imponerse en las elecciones generales previstas para 2029. Fue precisamente esa amenaza la que llevó a los legisladores laboristas a respaldar a Burnham: lo consideraron la figura con mayores posibilidades de contener ese avance.
Burnham, de 56 años, fue diputado entre 2001 y 2017. Ocupó cargos ministeriales bajo Tony Blair y Gordon Brown. Luego construyó su perfil como alcalde del Gran Mánchester. Volvió al Parlamento hace apenas cuatro semanas.
La vicepresidenta del Partido Laborista, Lucy Powell, sostuvo que su experiencia fuera del centro político londinense le permitió entender la necesidad de medidas de mayor alcance. Según Powell, el objetivo es ofrecer «seguridad para la gente común en el trabajo, seguridad en su hogar, una vivienda que puedan pagar y vivir en una comunidad de la que puedan sentirse orgullosos».
Su primera decisión llegó antes de asumir formalmente. El sábado anunció la cancelación del sistema nacional de identificación digital impulsado por Starmer. El costo estimado de ese programa era de 1.800 millones de libras en tres años. Un portavoz del nuevo equipo indicó que esos recursos se destinarán «a donde más se necesitan, como ayudar con el costo de vida».
Durante un acto con simpatizantes el viernes, Burnham calificó el cambio de liderazgo como la «última oportunidad» para que el Partido Laborista corrija su rumbo. Dijo contar con «un plan».
Conviene mirar los incentivos. La cancelación del programa de identificación digital es un gesto calculado: señala austeridad sin tocar el gasto social, y distancia al nuevo líder del perfil tecnocrático de Starmer. El problema es que el espacio fiscal sigue siendo el mismo. Burnham dispondrá de menos de cuatro años para revertir una tendencia electoral adversa antes de 2029.
El dato importa más que el ruido. Reform UK no creció porque Farage sea un fenómeno mediático; creció porque una parte del electorado percibe que el aparato estatal no resuelve sus problemas cotidianos. Esa percepción no se corrige con discursos sobre descentralización. Se corrige con resultados medibles en seguridad, costos y empleo. Burnham lo sabe. La pregunta es si el margen que le dejó Starmer alcanza para demostrarlo.
