El 2 de agosto entró en vigor un nuevo hito en la implementación del Reglamento europeo de inteligencia artificial. Según el calendario publicado por la Comisión Europea, se activaron las normas de transparencia del artículo 50, las medidas de apoyo a la innovación y las disposiciones aplicables a modelos de propósito general, prohibiciones y requisitos de alfabetización en IA.
En la práctica, las herramientas capaces de crear imágenes, vídeos, audios o textos deberán incorporar marcas que permitan reconocer esas producciones. Los asistentes conversacionales quedan obligados a informar al usuario de que está interactuando con una máquina. El uso profesional de contenidos alterados mediante IA exigirá indicarlo de forma clara, y Bruselas asume por primera vez competencias directas para velar por el cumplimiento de la norma.
En paralelo, la Comisión Europea impulsa la propuesta de Reglamento Ómnibus Digital sobre Inteligencia Artificial, cuyo propósito declarado es simplificar determinados aspectos del marco regulador y reducir cargas administrativas. Es en ese proceso donde el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha encendido una señal de alerta.
En un informe reciente, el CERMI sostiene que «el riesgo es que la simplificación termine convirtiéndose en una desregulación gradual y que la competitividad se imponga sobre la dimensión social del proyecto europeo». El organismo reclama que cualquier revisión normativa preserve íntegramente las salvaguardias del AI Act en ámbitos como el empleo, la educación, la protección social, la salud, la justicia y el acceso a bienes y servicios.
El CERMI reconoce que la IA ofrece una «oportunidad» para favorecer la autonomía personal, la accesibilidad universal y la participación social de las personas con discapacidad. Al mismo tiempo, advierte de que puede generar nuevos riesgos de discriminación, exclusión o sesgos algorítmicos si no se desarrolla desde un enfoque basado en derechos humanos. El informe califica la competitividad y la simplificación administrativa como objetivos «legítimos» de la UE, pero condiciona su validez a que no se alcancen rebajando estándares de protección.
Entre sus recomendaciones, el CERMI pide que toda revisión del marco regulador mantenga los principios de accesibilidad universal, diseño para todas las personas, supervisión humana, transparencia, rendición de cuentas y no discriminación, en línea con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El debate que se abre en Bruselas no es menor. La tensión entre regulación protectora y cargas administrativas que frenan la innovación es real, y conviene mirar los incentivos antes de tomar partido por cualquier extremo. Una burocracia excesiva no protege a nadie si ahoga a las empresas que desarrollan las herramientas de accesibilidad que el propio CERMI reivindica; pero una simplificación que vacíe de contenido las obligaciones de transparencia y supervisión humana traslada el riesgo íntegro al ciudadano.
El dato importa más que el ruido: la Comisión ha optado por activar primero las normas de transparencia —las menos costosas para la industria— y aplazar las obligaciones más exigentes. Ese calendario revela dónde están los equilibrios reales de poder en Bruselas. La soberanía regulatoria europea sobre la IA se juega menos en los comunicados y más en los plazos que cada capital decide cumplir o dilatar.
