La disputa comercial entre Washington y Bruselas abrió un nuevo frente esta semana. El embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Andrew Puzder, publicó un artículo de opinión en el Financial Times en el que acusó a la Comisión Europea de aplicar un «doble rasero»: denunciar los aranceles estadounidenses al acero y al aluminio mientras impulsa su propio Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM, por sus siglas en inglés), al que describió como una «barrera proteccionista disfrazada de política climática».
Andrew Puzder defendió los aranceles impuestos por Washington al acero y al aluminio bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial, argumentando que responden a un imperativo de seguridad nacional ante la sobrecapacidad subsidiada de terceros países, en particular de China.
La respuesta de Bruselas fue inmediata y categórica. Una portavoz de la Comisión Europea sostuvo en rueda de prensa que el CBAM es «una medida climática diseñada para evitar la fuga de carbono, apoyar la descarbonización global» y garantizar que los productos importados asuman el mismo precio del carbono que enfrentan los productores europeos bajo el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE. La portavoz subrayó que el mecanismo es «no discriminatorio» y compatible con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), pues se aplica por igual a todos los terceros países en función de las emisiones incorporadas verificadas, «independientemente del origen».
A diferencia de los aranceles tradicionales, precisó la portavoz, los bienes con baja huella de carbono tendrán obligaciones «bajas o nulas» bajo el CBAM. Añadió que el precio del carbono ya abonado en un tercer país puede deducirse de la obligación del mecanismo, para evitar una doble imposición. «Por tanto, no compartimos las comparaciones con las medidas arancelarias unilaterales», zanjó.
El CBAM obliga a los importadores de acero, aluminio y otros productos intensivos en carbono a pagar por las emisiones incorporadas en esos bienes, igualando el precio que ya pagan los productores europeos. El mecanismo entró en vigor el pasado 1 de enero tras dos años de aplicación transitoria. En junio, Bruselas propuso ampliar su ámbito a productos que contienen una «elevada proporción» de acero o aluminio, como componentes de vehículos, electrodomésticos, maquinaria o equipos de construcción.
La Comisión fue explícita en un punto que conviene no perder de vista: la autonomía reguladora de la UE es «innegociable» y el acuerdo marco alcanzado con Washington no exige cambios en sus normas ni un trato favorable para las empresas estadounidenses.
Conviene mirar los incentivos. El CBAM es, en su diseño formal, una herramienta de política climática; en su efecto práctico, eleva el costo de entrada al mercado europeo para cualquier productor que opere bajo regímenes ambientales menos exigentes. Que eso sea proteccionismo o política pública legítima depende, en buena medida, del cristal con que se mire. Lo que el cruce de acusaciones entre Andrew Puzder y Bruselas revela es que el libre comercio transatlántico enfrenta hoy dos lógicas de intervención estatal, no una sola: la de los aranceles por seguridad nacional y la de los gravámenes por carbono. Ambas distorsionan precios, ambas favorecen a productores domésticos y ambas se justifican con argumentos que van más allá del intercambio voluntario. El dato importa más que el ruido: mientras Washington y Bruselas se acusan mutuamente, son las empresas y los consumidores quienes absorben los costos.
