El martes, el asesor presidencial ruso Nikolái Pátrushev —ex director del FSB y actual responsable de la gestión de la flota naval rusa— inició una visita a Brasil centrada en cooperación naval y seguridad marítima. Las reuniones tuvieron lugar en el Colegio Marítimo Nacional y en el Ministerio de Puertos y Aeropuertos, donde se analizaron oportunidades de colaboración logística y medidas para mejorar la eficiencia del transporte marítimo, según informó la prensa brasileña.
En paralelo, el presidente Vladimir Putin mantuvo una conversación telefónica con Luiz Inácio Lula da Silva. Según un comunicado del Kremlin, ambas partes discutieron el fortalecimiento de las relaciones bilaterales en diversas áreas, los resultados de la Comisión de Alto Nivel Ruso-Brasileña celebrada en Brasilia a principios de año y la expansión del comercio bilateral. También intercambiaron puntos de vista sobre la situación en torno a Ucrania.
El contexto no es menor. La visita de Pátrushev se produce en medio de sanciones internacionales a la denominada «flota fantasma» rusa, conformada por buques que Moscú utiliza para sortear las restricciones impuestas tras la invasión a Ucrania. El mismo martes, el Financial Times publicó que Rusia amplía esa flota con nuevos buques cisterna de gas natural licuado, señalando a China como su principal comprador.
Mientras Brasilia estrechaba vínculos con Moscú, Washington respondía en el frente diplomático. El Departamento de Estado revocó la visa de la embajadora brasileña en Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti, como medida de reciprocidad ante la negativa del Gobierno brasileño de conceder el beneplácito al embajador designado por la Casa Blanca y por las restricciones que, según Washington, afectaron a funcionarios estadounidenses en Brasil.
Un alto funcionario estadounidense precisó, bajo condición de anonimato, que la cancelación del documento no implica la expulsión inmediata de la diplomática. «Su visa sería restablecida si se restablece el equilibrio otorgando el agrément a nuestro candidato para la embajada», indicó el funcionario. El candidato en cuestión es Daniel Pérez, legislador estatal por Florida y aliado cercano del secretario de Estado Marco Rubio, propuesto por el presidente Trump el 1 de junio para encabezar la embajada estadounidense en Brasilia. El Gobierno de Lula aún no ha concedido ese beneplácito.
Washington sostuvo además que varios de sus diplomáticos no han obtenido las visas requeridas para cumplir funciones oficiales en territorio brasileño. «Nuestros diplomáticos estaban siendo privados de la posibilidad de realizar el trabajo rutinario y habitual entre ambos países», señaló el funcionario estadounidense.
Conviene mirar los incentivos. Lula da Silva escoge simultáneamente dos frentes de fricción: rechaza formalizar la designación de un embajador estadounidense vinculado a Marco Rubio y abre su territorio a reuniones sobre cooperación naval con el aparato de seguridad ruso. Ninguna de las dos decisiones es accidental; ambas tienen un costo medible para Brasil en términos de acceso al mercado y de confianza inversora.
El dato importa más que el ruido. La presencia de Pátrushev en instalaciones marítimas brasileñas, en un momento en que la «flota fantasma» rusa es objeto de sanciones internacionales, sitúa a Brasilia en una posición incómoda frente a sus socios occidentales y frente a los mercados que monitorean el riesgo regulatorio. La historia sugiere cautela: los gobiernos que apuestan a la equidistancia entre Washington y Moscú suelen descubrir que ninguno de los dos la premia.
