JOHANNESBURGO.— El embajador de Estados Unidos en Sudáfrica, L. Brent Bozell III, acusó al presidente Cyril Ramaphosa de negarse a condenar «un llamamiento a matar», en medio de una nueva fricción diplomática entre Pretoria y Washington.
Bozell dijo a Fox News Digital: «Tienes a un presidente de Sudáfrica que se niega a condenar un llamamiento a matar». La frase llegó después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores sudafricano lo convocara esta semana y lo criticara por una conducta «poco diplomática».
Esta es la tercera vez que el embajador recibe una démarche —una reprensión diplomática— de Pretoria en los nueve meses transcurridos desde su llegada. Sudáfrica también ha censurado al embajador por repetir la condena del presidente Donald Trump a las políticas y declaraciones sudafricanas.
Bozell ha empujado repetidamente los asuntos planteados por Trump en un tenso enfrentamiento en el Despacho Oval con Ramaphosa hace 16 meses. Entre esos puntos figuran la presunta discriminación basada en la raza, denuncias de asesinato y tortura de agricultores, planes de confiscación de tierras sin compensación y la incitación a la violencia contra grupos minoritarios.
El embajador dijo que tres de las cinco peticiones concretas de la administración Trump han sido ignoradas por Sudáfrica. En la parte alta de la lista está la exigencia de Trump de que Ramaphosa impida que la gente grite «Kill the Boer! Kill the farmer!», una consigna que el presidente sudafricano sostiene que no puede frenar porque fue autorizada por la corte suprema del país.
La controversia tiene una carga política y económica que va más allá del intercambio retórico. Cuando un gobierno parece tolerar consignas que sus críticos describen como una incitación a la violencia, el daño no recae solo en la diplomacia: también erosiona la confianza en el Estado de derecho, en la protección de las minorías y en la seguridad de la propiedad.
Conviene mirar los incentivos. Si Pretoria cree que puede esquivar el costo externo de este pulso, el margen para la moderación se estrecha. Y si Washington convierte el caso en una prueba de principios, Sudáfrica corre el riesgo de seguir alejándose de un socio que pesa más que la indignación pasajera.
