El gobierno boliviano del presidente Rodrigo Paz confirmó el martes que tiene registro de 26 ciudadanos bolivianos vinculados a las Fuerzas Armadas de Rusia en el contexto del conflicto con Ucrania. El canciller Fernando Aramayo precisó que 20 mantienen contratos activos, cuatro se encuentran heridos y hospitalizados, uno falleció y otro fue repatriado exitosamente.
Las cifras no son abstractas. El caso se hizo público luego de que familiares de Iván Valdivia y José María Soleto denunciaran que ambos jóvenes viajaron a Rusia tras aceptar una oferta laboral que prometía salarios de hasta 20.000 dólares, pero fueron derivados al frente de combate. La familia perdió contacto con ellos el 3 de junio y recibió posteriormente información de que habrían muerto en combate. Los familiares solicitaron a las autoridades investigar la posible red de captación y gestionar la repatriación de los cuerpos.
El fiscal general Roger Mariaca confirmó cuatro investigaciones abiertas en tres regiones del país por el presunto delito de «trata de personas con fines de reclutamiento para participación en conflictos bélicos». Un juez ordenó el encarcelamiento preventivo de tres personas detenidas en Santa Cruz, vinculadas a un hombre identificado como Amador M.A., quien permanece prófugo y es el principal investigado en esa región.
Los allanamientos arrojaron evidencia relevante: en una vivienda de la zona de la Pampa de la Isla, los investigadores hallaron un bolso con aproximadamente 50 pasaportes, documentos adicionales y un vehículo que fue incautado. El inmueble de la avenida Piraí, donde fue detenido el yerno del sospechoso principal, habría funcionado como alojamiento temporal de los reclutados antes de su traslado a Rusia.
En el plano diplomático, el canciller Aramayo informó que el viernes pasado sostuvo una reunión extraordinaria con el embajador ruso Dimitri Vérchenko, en la que se estableció «una hoja de ruta bilateral y un canal directo de información» para dar seguimiento a los casos. El Ministerio de Exteriores también envió una misión consular a Donetsk para verificar la situación de un boliviano y gestionar su desvinculación de las Fuerzas Armadas rusas. La Embajada rusa en Bolivia, por su parte, negó cualquier vínculo con el reclutamiento y rechazó las acusaciones por carecer, según su posición, de fundamento.
La Fiscalía indicó que las investigaciones surgieron tras denuncias públicas sobre redes que ofrecían oportunidades laborales en el extranjero pero en realidad buscaban captar personas para conflictos armados.
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Conviene mirar los incentivos. Una red que opera con pasaportes en bolso, promesas de empleo y traslados encubiertos no es improvisación: es infraestructura. El hecho de que al menos dos jóvenes bolivianos hayan muerto en un frente de guerra europeo tras responder a un aviso laboral describe con precisión el costo humano de la ausencia del Estado en los eslabones más vulnerables de la cadena migratoria.
El dato importa más que el ruido diplomático. Bolivia no es el primer país latinoamericano donde se detectan estas redes, y la respuesta consular del gobierno de Paz —misiones a Donetsk, notas verbales, reunión de urgencia con el embajador ruso— señala al menos una voluntad de gestión que contrasta con la pasividad de administraciones anteriores. Lo que sigue en el calendario es más exigente: extraditar o capturar a los prófugos, desmantelar la red y, si las pruebas lo sostienen, establecer con precisión quién más facilitó el tránsito de estos ciudadanos hacia un conflicto que no era el suyo.
