El gobierno de Bolivia aprobó este lunes un decreto para ampliar por 90 días más el estado de excepción, vigente desde el 20 de junio. La medida regirá «mientras los factores de riesgo permanezcan», según confirmó el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, tras una reunión del gabinete con el presidente Rodrigo Paz.
El decreto aún debe ser aprobado por el Parlamento para entrar en vigencia el 18 de septiembre, fecha en la que concluyen los primeros 90 días de la medida. Justiniano dijo que espera que el Legislativo «apruebe el decreto». Por su parte, el senador Milton Quispe, de la alianza opositora Unidad, explicó que la norma deberá ser analizada por el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional en un plazo de 72 horas y «por simple mayoría», de acuerdo con el reglamento vigente.
En la víspera, el ministro de gobierno, Marco Antonio Oviedo, había anunciado que el Ejecutivo presentaría el decreto al Parlamento porque, según dijo, existe «un gran consenso ciudadano». Al mismo tiempo, la comisión de Constitución y Justicia Plural de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución para extender el estado de excepción otros 90 días, ante los anuncios de movilización de algunos sectores sociales y como medida para preservar la «reactivación» económica del país.
La decisión llega después de siete semanas de bloqueos de carreteras impulsados entre mayo y junio por la Federación de Campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana, con respaldo también de grupos afines al exmandatario Evo Morales, para exigir la renuncia de Paz. Ese conflicto ocasionó desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades y dejó al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna por los bloqueos, además de pérdidas económicas por más de 3.000 millones de dólares.
Después de alcanzar acuerdos con sectores como la COB, Paz decretó el 20 de junio el estado de excepción para levantar los bloqueos. La medida cumplió 90 días y ahora el Ejecutivo busca prolongarla en un contexto todavía marcado por el pulso entre orden público, actividad económica y debate parlamentario.
Conviene mirar los incentivos. En Bolivia, la emergencia ya no es solo una herramienta de seguridad; también se ha convertido en un instrumento para evitar que la violencia y los bloqueos vuelvan a imponer un costo masivo sobre el dinero de los contribuyentes, las empresas y los hogares. Si el estado de excepción logra impedir nuevas interrupciones, el beneficio inmediato será la continuidad de la actividad.
Pero el otro lado del equilibrio es claro: cada ampliación normaliza un poder extraordinario del aparato estatal. Para una economía que necesita inversión y reglas previsibles, la salida duradera no puede ser vivir bajo prórrogas sucesivas, sino restaurar instituciones capaces de sostener el orden sin depender de emergencias permanentes.
