Las autoridades de tránsito de Bogotá identificaron al propietario y al conductor del automóvil que subió por la rampa de un puente peatonal en la avenida El Dorado —calle 26— invadiendo además una ciclorruta. Según la Secretaría Distrital de Movilidad, se trata de dos jóvenes que no residen en la capital y que practican BMX callejero; ambos asistieron a un evento deportivo en el sector y, al concluir la actividad, ejecutaron la maniobra, que ellos mismos grabaron.
El video se viralizó en redes sociales y mostró al vehículo circulando por un espacio destinado exclusivamente a peatones y ciclistas, con las placas cubiertas para dificultar su identificación. La investigación estableció que la acción fue premeditada: los ocupantes taparon las placas deliberadamente antes de subir al puente.
Las sanciones en juego
Los implicados enfrentarán al menos tres comparendos por infracciones al Código Nacional de Tránsito. La principal es la infracción D05, que sanciona conducir sobre aceras, puentes peatonales, ciclorrutas o zonas verdes; para 2026 la multa es de 1.266.222 pesos. A esa se suma la infracción B03, por circular con placas ocultas o cubiertas, con una sanción de 337.627 pesos. Las autoridades adelantan además actuaciones por las maniobras que pusieron en riesgo a peatones y ciclistas.
La Secretaría de Movilidad indicó que no descarta la inmovilización del automóvil y su traslado a los patios oficiales mientras avanza el proceso administrativo. Con la identificación de los responsables, las autoridades iniciaron la notificación formal de los comparendos.
El uniformado que no actuó
El video también generó polémica porque en las imágenes aparece un uniformado de la Policía que presenció la escena sin detener la maniobra, detalle que amplificó la indignación en redes sociales y abrió preguntas sobre la respuesta institucional en tiempo real.
Lectura editorial
El episodio es, en el fondo, un problema de incentivos y de presencia efectiva del Estado en la vía pública. Que dos jóvenes cubran las placas antes de cometer la infracción revela un cálculo racional: la probabilidad de sanción era, hasta ese momento, lo suficientemente baja como para que valiera la pena el riesgo. La viralización del video fue, paradójicamente, el mecanismo de control que el agente presente no activó.
Conviene mirar los incentivos. Multas de poco más de 1,6 millones de pesos en total pueden resultar disuasorias para algunos, pero el verdadero mensaje lo envía la velocidad y la certeza del proceso sancionatorio, no solo su monto. Si el aparato administrativo tarda meses en notificar comparendos o si la inmovilización queda en anuncio, el efecto preventivo se diluye. La infraestructura peatonal y las ciclorrutas representan inversión pública; protegerlas con consecuencias reales y oportunas no es burocracia, es la condición mínima para que esa inversión cumpla su propósito.
