Entre enero de 2022 y mayo de 2026, la Línea de Emergencias 123 de Bogotá recibió 10.415.058 llamadas relacionadas con incidentes en la ciudad, según cifras conocidas por el concejal Jesús David Araque. El volumen es considerable, pero lo más revelador no es la cantidad sino la composición: los problemas de convivencia dominan el ranking por encima de los delitos tradicionales.
Las riñas encabezan la lista con 1.957.736 llamadas en el periodo analizado, una cifra que supera por amplia diferencia a cualquier otra categoría. El ruido ocupa el segundo lugar con 1.481.735 reportes, seguido por los accidentes de tránsito con 1.044.984. Más abajo aparecen verificación de situaciones con 587.934 llamadas, maltrato con 555.488, hurto en proceso con 433.369, personas o vehículos sospechosos con 360.562, narcóticos con 317.732, vehículos mal estacionados con 235.698 y hurto consumado con 201.005.
El dato estructural es este: solo las llamadas por riñas superan con holgura la suma de los reportes por hurto en proceso y hurto consumado. La convivencia, no la delincuencia organizada, es el principal generador de demanda sobre el sistema de emergencias de la capital.
Araque planteó ante el concejo que los datos evidencian un desafío que va más allá del enfoque policial. «Tenemos un serio problema de convivencia y de falta de cultura ciudadana. No todo se resuelve con más policías, más cámaras o sanciones», señaló el cabildante. Agregó que «el reto es respetar al otro, cumplir las normas y aprender a solucionar las diferencias sin violencia», y concluyó que «la cultura ciudadana no es un eslogan, es una política para vivir mejor y tener una gran ciudad».
Conviene mirar los incentivos. Una ciudad que destina recursos del aparato estatal de emergencias a gestionar casi dos millones de riñas en cuatro años está pagando un costo institucional y fiscal que ninguna política de seguridad, por sí sola, puede absorber. El problema no es de presupuesto policial; es de normas de convivencia que no se cumplen y de mecanismos de resolución de conflictos que no funcionan.
El dato importa más que el ruido: mientras el debate público en Bogotá gira con frecuencia en torno a la inseguridad delictiva, la mayor presión sobre la línea de emergencias proviene de conflictos entre ciudadanos que, en principio, podrían resolverse sin intervención del Estado. Eso no exime a las autoridades de garantizar el orden, pero sí señala que el gasto en convivencia preventiva —normas claras, mediación, cultura cívica— puede rendir más por peso invertido que la expansión indefinida del aparato de control. La administración de la ciudad tiene ante sí un diagnóstico preciso; la pregunta es si tiene la voluntad política de actuar sobre él.
