Bogotá enfrenta una crisis silenciosa en sus vías. La Secretaría Distrital de Movilidad mantiene al menos 14.874 investigaciones administrativas por reincidencia en infracciones de tránsito, lo que equivale a un promedio de siete procesos diarios, según información conocida por El Tiempo.
Entre enero de 2024 y el 31 de julio de 2026, la Secretaría suspendió 5.045 licencias de conducción por reincidencia: 1.376 en 2024, 2.249 en 2025 y 1.420 en lo que va de 2026. Las cifras van en ascenso.
El solo hecho de acumular infracciones no convierte automáticamente a un conductor en reincidente. Para que proceda la suspensión, debe existir un proceso administrativo que confirme la responsabilidad repetida y garantice el derecho de defensa. La sanción puede llegar hasta seis meses de suspensión de licencia, conforme al artículo 124 del Código Nacional de Tránsito.
Los motociclistas concentran el 40% de las investigaciones, con comportamientos reiterados como omitir la revisión técnico-mecánica, estacionar en lugares prohibidos y circular en horarios restringidos. En 2026, el volumen de infracciones detectadas en vía superó las 169.000 para motociclistas y las 118.000 para automóviles.
Entre los motivos más frecuentes de reincidencia figuran la desobediencia a señales, el uso indebido del vehículo, el tránsito por sitios restringidos y la conducción sin licencia.
La dimensión del problema no es solo administrativa. Darío Hidalgo, profesor de Transporte y Logística de la Pontificia Universidad Javeriana, señaló que «los conductores con tres o más infracciones tienen una mayor probabilidad de verse involucrados en siniestros viales». La correlación entre reincidencia y accidentalidad grave o fatal es, según su análisis, estadísticamente significativa.
El diagnóstico institucional es igualmente severo. Stalin Rojas, director del Observatorio de Movilidad de la Universidad Nacional, advirtió que «hay poco control social y policial» y que «la capacidad de vigilancia de las autoridades resulta insuficiente frente al tamaño de la ciudad y la cantidad de conductores». Agregó que en muchos casos se presentan episodios de violencia cuando se intenta llamar la atención a los infractores.
En la práctica, muchos reincidentes no pagan las multas ni comparecen ante la autoridad, lo que permite que los comparendos se acumulen sin derivar en sanciones efectivas. Un caso reciente ilustra el patrón: un vehículo con tres comparendos pendientes de pago por cerca de cuatro millones de pesos, que había sido inmovilizado previamente por evadir un peaje, terminó sobre un puente peatonal en la carrera 68 con calle 26.
Las propuestas de los expertos incluyen la modernización normativa, la implementación de sistemas de puntos y el fortalecimiento de la vigilancia y la educación vial.
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Conviene mirar los incentivos. Un sistema donde las multas no se cobran, los procesos administrativos se demoran y la vigilancia es estructuralmente insuficiente no desincentiva la infracción: la subsidia. El aparato distrital genera miles de investigaciones al año, pero la tasa de conversión en sanciones efectivas revela una brecha entre la norma escrita y la norma aplicada. Mientras esa brecha persista, el costo lo pagan los ciudadanos que sí respetan las reglas —con mayor riesgo en las vías— y los contribuyentes que financian una burocracia de control cuyo efecto disuasorio es, por ahora, modesto. El dato importa más que el ruido: 14.874 investigaciones abiertas son, ante todo, 14.874 señales de que el sistema de consecuencias no funciona.
