El caso tiene un hecho central difícil de disputar: en una carta de 1915 dirigida a Wilhelm von Bode, director de los Museos Reales de Berlín, el etnólogo Konrad Theodor Preuss admitía conocer el Decreto 21 de 1906, norma colombiana que prohibía expresamente la exportación de antigüedades. «Con cierta cautela, sin embargo, no hay peligro de sacar las cosas», escribió. Tras ser denunciado por funcionarios locales, Preuss cercenó varias esculturas con serruchos —entre ellas la figura del «Resandero» y una gran urna funeraria— y las registró ante las aduanas como simples «minerales». Las 34 piezas llegaron así al Museo Etnológico de Berlín.
En 1992, el investigador David Dellenback accedió a las bodegas berlinesas e inventarió no solo 21 estatuas procedentes de San Agustín (Huila), sino 14 piezas adicionales de Nariño que ni siquiera figuraban en los registros oficiales. El Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) presentó estas cartas como prueba nueva en el marco de la solicitud formal de repatriación interpuesta en 2021.
La respuesta institucional alemana llegó en enero de 2025. Hermann Parzinger, entonces presidente de la Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano (SPK), argumentó que la restitución solo aplica en contextos coloniales o de apropiaciones éticamente inaceptables y que, dado que Colombia era una república independiente a comienzos del siglo XX, la norma no aplicaba. Añadió que, al tratarse de piezas precristianas, no existía una comunidad viva con descendencia directa comprobable. La cúpula de la SPK tuvo que admitir por escrito que las cartas de Preuss constituían evidencia nueva no considerada previamente, pero la devolución sigue estancada.
En marzo de 2026, el Museo Etnológico de Berlín elevó la apuesta burocrática: exigió a las autoridades colombianas una nueva «investigación de procedencia» que rastreara el itinerario de transporte de cada estatua, estación por estación, desde las montañas del Huila hasta el puerto de Barranquilla. Para expertos internacionales en derecho del arte como Hannes Hartung y el activista Kwame Opoku, según recoge la fuente, exigir esa trazabilidad sobre un robo probado de hace más de un siglo no busca esclarecer la verdad sino paralizar indefinidamente el proceso.
El contraste con el precedente inmediato es notable. En 2023, la entonces ministra de Cultura alemana Claudia Roth gestionó la repatriación de dos máscaras sagradas del pueblo Kogui. La propia Roth declaró que, si se demostraba el engaño de Preuss, se trataba de un «robo» y las piezas debían devolverse con indemnización. Con la llegada del gobierno de Friedrich Merz, la postura institucional alemana cambió radicalmente, según documentan juristas e investigadores citados en la fuente.
La embajadora de Colombia en Alemania, Yadir Salazar Mejía, ha rechazado fórmulas intermedias como préstamos temporales o esquemas de usufructo compartido, apoyándose en los artículos 63 y 72 de la Constitución de 1991, que establecen la inalienabilidad de los bienes culturales.
Conviene mirar los incentivos. Berlín enfrenta un dilema institucional clásico: reconocer el fraude documentado implica abrir una puerta que otros reclamantes —africanos, asiáticos, latinoamericanos— atravesarían de inmediato. La maniobra dilatoria tiene, pues, una lógica propia, independiente del mérito jurídico del caso colombiano. El dato importa más que el ruido: lo que está en juego no es solo la propiedad de 34 esculturas, sino la credibilidad de un sistema internacional que pretende distinguir entre patrimonio legítimamente adquirido y botín renombrado. Mientras Berlín multiplica los trámites, el argumento alemán se erosiona con cada carta que sale de sus propios archivos.
