El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, publicó un mensaje en redes sociales dirigido al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el contexto de la crisis migratoria registrada en Ceuta. El texto combinaba felicitaciones irónicas con una propuesta concreta: que España conceda refugio a los residentes de Gaza que deseen emigrar.
«Mis felicitaciones al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, por su profundo compromiso con la acogida de la inmigración y la "diversidad humana"», escribió Ben Gvir. A continuación instó a Sánchez a «traducir las palabras en hechos: abra las puertas de España y conceda refugio a los residentes de Gaza que solicitan emigrar», describiéndolo como una «excelente oportunidad para contribuir un poco más a la "diversidad humana" de España.
El trasfondo del mensaje es la crisis migratoria que estalló en Ceuta cuando, según Juan Jesús Vivas, presidente de la ciudad autónoma, unas decenas de miles de personas —cifra que Vivas situó en torno a 60.000— entraron al territorio desde Marruecos a partir del jueves. La magnitud de esa cifra, atribuida a Vivas, convirtió la situación en uno de los episodios de presión migratoria más agudos registrados en la frontera sur de la Unión Europea.
La crisis derivó, según la fuente, en que varios países de la Unión Europea exigieran la suspensión de España del espacio Schengen, una consecuencia institucional de primer orden para Madrid y para la libre circulación dentro del bloque.
Ben Gvir, descrito en la misma fuente como conocido por sus declaraciones incendiarias contra los palestinos y a favor de una limpieza étnica en Gaza, enmarcó su mensaje como una interpelación directa a la postura que el Gobierno español ha mantenido respecto a Hamás y a los residentes de Gaza. «Como alguien que demuestra una gran preocupación por Hamás y los residentes de Gaza», escribió, le instó a actuar en consecuencia.
El intercambio simbólico ilustra una tensión que va más allá del roce diplomático bilateral. Por un lado, el Gobierno de Sánchez ha sostenido posiciones críticas hacia Israel en el conflicto de Gaza; por otro, la crisis de Ceuta pone sobre la mesa la coherencia entre el discurso de acogida y la capacidad real —y la voluntad política— de gestionar flujos migratorios masivos en la frontera exterior de la Unión Europea.
Conviene mirar los incentivos. La ironía de Ben Gvir, por calculada que sea, señala una contradicción que los socios europeos de España también están observando: la misma semana en que varios Estados miembros exigen revisar la pertenencia de España a Schengen, Madrid enfrenta la pregunta de qué significa en la práctica la política de puertas abiertas cuando la presión llega a escala de decenas de miles de personas en un territorio de dimensiones reducidas.
El dato importa más que el ruido retórico. La exigencia de suspensión de Schengen, si prospera, tendría costes tangibles para ciudadanos y empresas españolas que operan en el mercado único. El principio de que un Estado soberano tiene tanto el derecho como la obligación de controlar sus fronteras no es una posición extrema: es el fundamento sobre el que descansa la credibilidad de cualquier acuerdo de libre circulación. Cuando ese fundamento se pone en duda, el coste lo pagan los contribuyentes y los ciudadanos, no los gobiernos que postergaron las decisiones difíciles.
