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Begoña Gómez, a juicio con jurado: Abascal acusa a Bruselas de «encubrirlo todo»

El líder de Vox enlaza el procesamiento de la esposa de Sánchez, la polémica en la Guardia Civil y el aval del TJUE a la Ley de Amnistía en una misma lectura sobre el estado de las instituciones españolas.
Imagen ilustrativa
Europaviernes 17 de julio de 2026

La semana judicial más incómoda para el Gobierno de Pedro Sánchez acumuló frentes simultáneos: Begoña Gómez irá a juicio con jurado por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, mientras el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avalaba la Ley de Amnistía impulsada por el Partido Socialista para dejar sin efecto causas vinculadas al proceso independentista catalán.

El líder de Vox, Santiago Abascal, reaccionó en la red social X con un mensaje que conectaba ambos episodios. «La mujer de P.S. a juicio. Marlaska desde su cloaca poniendo el honor de la Guardia Civil en una situación sin precedentes», escribió, según recoge Europa Press. La referencia al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aludía a una denuncia publicada por ABC: el general de división Fernando Mora, jefe de la Zona de Madrid, habría denunciado que el teniente general Luis del Castillo, al frente del Mando de Operaciones, le ordenó no acudir al acto institucional y parada militar del Día de la Comunidad de Madrid de 2025.

Abascal calificó el aval europeo a la amnistía de «salvavidas» al que denominó «jefe de la mafia», y extendió la acusación a las instituciones comunitarias: Bruselas, dijo, estaría «encubriéndolo todo». Cerró su intervención con una advertencia dirigida a la oposición: «Quien no suma para derrotar a la mafia, resta».

El dato importa más que el ruido. Tres elementos coinciden en el mismo ciclo informativo: un procesamiento penal que alcanza al entorno directo del presidente; una controversia sobre la cadena de mando en la Guardia Civil que, según la denuncia recogida por ABC, involucra órdenes que habrían impedido la presencia de un general en un acto oficial; y una sentencia europea que despeja el camino judicial a los protagonistas del procès. Cada uno de estos elementos, por separado, habría ocupado la agenda durante días; juntos, configuran una presión institucional de magnitud inusual.

Conviene mirar los incentivos. Para Abascal, la coincidencia es un argumento político listo para usar: refuerza su tesis de que el Gobierno opera al margen de las reglas comunes y que las instituciones supranacionales funcionan como red de protección. Para el Ejecutivo, el reto es gestionar el desgaste sin que ninguno de los tres frentes se convierta en el eje del debate público durante el verano.

Desde la línea editorial de Continente, el cuadro plantea una pregunta de fondo sobre la soberanía de las instituciones nacionales. Cuando un tribunal europeo valida una ley diseñada para neutralizar causas penales domésticas, y cuando esa validación llega el mismo día en que la esposa del presidente que impulsó esa ley es enviada a juicio con jurado, la arquitectura de controles y equilibrios queda expuesta a una tensión que va más allá de la coyuntura española. El principio en juego no es ideológico: es si las reglas se aplican igual para todos, con independencia de quién ocupe el poder. La historia sugiere cautela ante los gobiernos que necesitan reformar las normas para sobrevivir a los jueces.

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